A nadie convencen todavía, las medidas cautelares, que permiten a la delincuencia, obtener su inmediata liberación; por cualquier delito de los que antes operaba el encarcelamiento sin derecho a la libertad bajo caución y hoy se restringe únicamente a la posibilidad de la prisión preventiva, para quienes cometan los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro.
De donde nace la desconfianza y alarma de la población, al enterarse que aún habiendo detenido “in fraganti” (en el momento de ejecución del delito) a un asaltante que le cae la policia “con las manos en la masa”, tiene derecho a depositar una fianza y enfrentar su proceso en libertad. Pero por otra parte, no hay explicación clara y contundente, para justificar los criterios que ahora se aplican relacionados con la prisión preventiva o la posibilidad de enfrentar “el proceso penal en libertad”.
Aunque hay quienes opinan que el gobierno quiere vaciar las cárceles, por el costoso mantenimiento que representa sostener la vigilancia y seguridad de trescientas cincuenta y nueve prisiones, más la manutención, servicios médicos y programas de reinserción social para aproximadamente doscientos cuarenta mil internos por la comisión de diversos ilícitos, siendo el ochenta por ciento del fuero común y el veinte por ciento restante, del fuero federal; a los que tendría que otorgárseles una segunda oportunidad de vida en libertad; al término del cumplimiento de su sentencia; para evitar (hasta dónde sea posible) que caigan en la reincidencia y se conviertan en carne de prisión.
La peligrosidad social como referente para negar la libertad bajo caución, ha desaparecido, y los jueces tienen que sujetarse a los ilícitos que la ley señala expresamente para enfrentar la vinculación al proceso desde la cárcel. Hay otras recomendaciones que se dice, podrían contribuir a terminar con la narcoviolencia; como la creación de un organismo autónomo, constituido por ciudadanos sin vinculación con políticos y empresarios, para evitar favores y componendas en la aplicación de las leyes penales. También podría en los casos de narcoviolencia, acudirse a la Corte Penal Internacional de La Haya, para que los fallos en los que se apliquen las penas más severas en contra de los narco delincuentes, se cumplan a cabalidad.
Con todo lo anterior, la desconfianza de los mexicanos en la impartición de justicia que ha ido delineando el Presidente de la república, no puede evitarse, por los incumplimientos de los colaboradores del ejecutivo; y por los obstáculos (al parecer intencionales), que la comisión para el nombramiento e instalación de la Fiscalía Anticorrupción compuesta por senadores de composición plural, no encuentran a la persona idónea para ejercer ese cargo. Por más que los legisladores con la lámpara de “Diógenes” encendida y a pleno día busquen afanosamente al inmaculado candidato a Fiscal Anticorrupción.
El índice de la criminalidad sube cotidianamente, a tal grado que durante el mes de junio pasado, se superó la cifra de muertos en todo el territorio nacional según se observa del análisis comparativo del mismo mes de junio en los últimos veinte años, donde todas las cifras de cada mes, fueron rebasadas por el número de muertos (dos mil doscientos treinta y cuatro).
Lo que hace suponer que quien llegue al relevo del presidente Enrique Peña Nieto, deberá enfrentar con todo, el problema de la narcoviolencia; de la inseguridad; delincuencia e impunidad; que amenazan con la destrucción del orden social; de las instituciones y del Estado democrático de derecho. La próxima elección para presidente de la República, tendrá que ganarla el candidato que garantice tranquilidad, paz y mejor calidad de vida para todos los mexicanos.
La corrupción en el gobierno federal no se puede ocultar; y menos, con los turbios negocios del contratismo y las obras públicas desastrosas y sin calidad, en las que recién puestas al servicio del pueblo, ocasionan los más graves accidentes, con la pérdida de vidas humanas como en el “socavón” del Paso Express, en la autopista Cuernavaca-Acapulco.
En los gobiernos de los estados y en los municipales, se da el reflejo de la corrupción federal, con igual o mayor intensidad y cuantía; así se desprende de las informaciones surgidas a partir de las investigaciones de la PGR, de la Auditoría Superior de la Federación y de las Contralorías Ciudadanas. Cómo entonces podrá el Presidente Enrique Peña Nieto, mantener la confianza de quienes con su voto lo llevaron a tan alta responsabilidad y ahora, se sienten defraudados, por los bajos resultados que ya no será posible enmendar, cuando falta año y medio para que concluya el gobierno de Peña Nieto.
