Redacción Versiones
El ciudadano y excandidato independiente a la alcaldía de Xalapa, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar de manera intimidatoria y de abrir un procedimiento sancionador en su contra por lo que calificó como una supuesta “queja frívola”, lo que —aseguró— refleja una tendencia preocupante dentro del organismo electoral.
De acuerdo con De la Torre Jaramillo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) inició un Procedimiento Sancionador Ordinario en su contra luego de que él promoviera acciones legales relacionadas con irregularidades que, afirma, ocurrieron cuando buscó ser candidato independiente a la alcaldía de Xalapa.
En un posicionamiento público, sostuvo que el INE está dejando de ser una institución democrática para convertirse en una especie de “Talibán Electoral”, que utiliza una “Guardia Pretoriana” para intentar amedrentar a ciudadanos que cuestionan o critican a las autoridades electorales.
El ex aspirante explicó que anteriormente interpuso un proceso de remoción contra integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, al considerar que durante su intento por competir como candidato independiente se cometieron diversas irregularidades y se evidenció una falta de autonomía del organismo.
Como parte de sus argumentos, señaló que existen notas periodísticas de la toma de posesión de la actual presidenta del OPLE, donde —según dijo— fue acompañada por el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y el exsecretario de Finanzas José Luis Lima Franco, lo que a su juicio evidenciaría cercanía con el partido Morena.
Posteriormente, explicó que amplió el proceso de remoción presentando como prueba una columna del periodista Filiberto Vargas, en la que se menciona que la presidenta del OPLE habría enviado un oficio a la gobernadora de Veracruz solicitando la ampliación del presupuesto para la elección del Poder Judicial, en lugar de realizar el trámite de manera institucional ante el Congreso del estado.
Según relató, la UTCE consideró esta ampliación como una denuncia “frívola”, motivo por el cual inició el procedimiento sancionador en su contra.
De la Torre Jaramillo afirmó que el inicio del procedimiento carece de motivación suficiente y podría generar un efecto inhibidor para los ciudadanos que buscan utilizar los mecanismos institucionales para defender sus derechos político-electorales.
Además, sostuvo que el caso ya se encuentra resuelto jurídicamente, al referirse a la sentencia SUP-RAP-111/2025, en la cual, dijo, obtuvo un fallo favorable cuando la autoridad electoral pretendió excluir a la presidenta del OPLE de los señalamientos que él había presentado.
El ciudadano también recordó que, pese a no haber sido candidato, el INE lo sancionó previamente con una multa de 8 mil 711 pesos, situación que calificó como una represalia. Señaló que tras ese caso ahora los candidatos independientes sólo deberán presentar una cuenta bancaria, y no tres como se exigía anteriormente.
Ante el nuevo procedimiento iniciado en su contra, informó que emprendió diversas acciones legales.
Entre ellas, el 26 de febrero de 2026 presentó un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Un día después, el 27 de febrero, interpuso una queja administrativa ante el Órgano Interno de Control del INE. Asimismo, el 28 de febrero solicitó información a la Unidad de Transparencia del instituto para conocer cuántos procedimientos se han iniciado en los últimos once años contra ciudadanos por interponer procesos de remoción que hayan sido calificados como “frívolos”.
Finalmente, el 3 de marzo de 2026 presentó formalmente la respuesta al procedimiento sancionador iniciado por la autoridad electoral.
De acuerdo con el ciudadano xalapeño, estas acciones buscan determinar si existió un uso indebido o desproporcionado de las facultades sancionadoras del INE.
En su posicionamiento, también afirmó que el instituto atraviesa una crisis moral, señalando presuntos escándalos de corrupción, conflictos internos y lo que calificó como una “cacería de brujas” contra quienes ejercen su derecho a la crítica.
“Una democracia necesita ciudadanos que ejerzan sus derechos, no ciudadanos que teman hacerlo”, concluyó.
