El gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso del Estado una iniciativa de adición al quinto párrafo del artículo 74 de la Constitución Política de Veracruz para establecer que la política pública de mejora regulatoria del estado sea obligatoria para todas las autoridades estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal señala que debe considerarse que la mejora regulatoria hoy en día, además de ser pilar importante en el desarrollo de un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional al incrementar la calidad de la regulación, permite establecer procedimientos y metodologías que garantizan el análisis que permite la plena satisfacción de otros principios y valores, como lo es el sistema garantista que vela por el respeto a los derechos humanos.
Aun cuando cada vez existe mayor conciencia sobre la importancia de la política de la mejora regulatoria, y empieza a implementarse con mayor técnica al interior de las Administraciones Públicas tanto locales como municipales, debe reconocerse que al día de hoy dicho modelo normativo se enfoca en un criterio orgánico de emisión de normas, lo que propicia que el resto de las normas generales, en particular aquellas que provienen del Poder Legislativo, de los órganos autónomos, o incluso de otros órganos que, si bien integran la Administración Pública, no ejercen funciones típicas de autoridad o presentan una organización administrativa completamente nueva, que- den al margen de los beneficios que aporta la implementación de la política de mejora regulatoria.
El escenario anteriormente descrito exige la generación de un nuevo marco normativo que, a partir de bases constitucionales, logre alinear los elementos que impactan estructuralmente en la política y los instrumentos de mejora regulatoria en todo el Estado y sus Municipios.
La política de mejora regulatoria no sólo ofrece beneficios desde la perspectiva económica, sino que también se le reconoce internacionalmente que dicha política coadyuva notablemente al fortalecimiento institucional y social en tanto que, de la misma forma que persigue la prestación efectiva de bienes y servicios, busca el diseño de normas claras, trámites simples, y procedimientos transparentes y predecibles como condición de seguridad jurídica.
El análisis y la evaluación de los beneficios y costos potenciales de las leyes, y demás normas generales, se convierte en nuestros días en una tarea central de los gobiernos democráticos que buscan la gobernabilidad en un marco de seguridad jurídica, calidad regulatoria, transparencia, participación ciudadana, responsabilidad pública, rendición de cuentas y eficiencia.
