Al menos 50 trabajadores del extinto Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), que hasta la entrada en operación del nuevo Órgano Jurisdiccional Local Electoral (OJLE) estaba adscrito al Poder Judicial del Estado (PJE), se encuentran en la deriva laboral porque desconocen si serán absorbidos por este último.
Y es que hasta el 31 de diciembre de 2015, los empleados que prestaban sus servicios en dicho inmueble, ubicado en la calle Cempoala y propiedad del Consejo de la Judicatura, concluyeron este encargo, luego de que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto Sosa Hernández, decidiera permitir que ellos ayudaran a los nuevos integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Desde entonces, sólo permanecen entre 20 y 22 trabajadores, según le confirmaron a Versiones.com.mx, algunos de los que decidieron quedarse; los demás, comentaron los informantes, determinaron retirarse por voluntad propia y aguardan una respuesta del PJE para ver finalmente dónde laborarán de ahora en adelante.
El edificio donde seguirá operando el OJLE veracruzano, por ahora hasta el 31 de enero, se encuentra casi despoblado, sólo el personal de seguridad y algunos empleados adscritos, principalmente a las oficinas de los magistrados Roberto Eduardo Sígala Aguilar, José Oliveros Ruiz y Javier Hernández Hernández, se observan en las oficinas.
De acuerdo con la información proporcionada, mañana jueves 14 de enero, a las 14:00 horas, está pactada una reunión entre los ex empleados del TEEV y el titular del TSJ para ver qué procederá con sus contratos laborales, sobre todo de los que no alcanzaron un nombramiento definitivo.
Cabe recordar que durante su participación en el Programa Polaca a la Veracruzana del pasado 15 de diciembre, Sosa Hernández indicó que algunos de los trabajadores pudieran quedarse desempeñando sus funciones en el Tribunal Electoral y otros, 30 ó 40, pudieran reubicarse en el TSJ, y algunos, la menor cantidad, serían liquidados.
Entre tanto, Sigala Aguilar expuso en entrevista que el presupuesto para 2016 de 83 millones 300 mil pesos aprobado por el Congreso del Estado, únicamente alcanzará para cubrir el pago de salarios y gasto corriente del organismo jurisdiccional.
“Recibimos con agrado la noticia porque sabíamos la voluntad política que había. Los diputados nos apoyaron para que pudiéramos obtener esta cantidad que cubre salarios, suministros y servicios generales; sin embargo, no se nos concedió la partida relativa para ver lo del inmueble y las instalaciones”, puntualizó en ese entonces.
