La despresurización del conflicto, si se permite el término, entre el estado con los pensionados, jubilados y burócratas que no han recibido pago el puntual ni los retroactivos, no fue suficiente para suavizar las acciones que, este sector de la sociedad, planea realizar en los próximos días ante la amenaza del no pago otra vez.
Ha trascendido que los inconformes, luego de la agresión recibida en la última manifestación en la cual fueron “replegados” con el uso excesivo de la fuerza pública, donde algunos quedaron lastimados, prevén nuevamente abrir varios frentes y hasta un contingente se trasladará a la ciudad de México, al Senado, para pedir apoyo en la manifestación y el respeto a sus derechos.
Sobre ese asunto de los Derechos Humanos, que dicho sea de paso, dejó muy mal parado a Luis Fernando Perera Escamilla, presidente actual de este organismo “autónomo” que se durmió en sus laureles, mientras los ciudadanos pensionados eran replegados con tolete y macana por la policía vulnerando sus derechos a la libre manifestación y a su integridad física y moral, mientras ese señor observaba la lamentable actuación policiaca sin siquiera documentar el atropello a los viejitos.
El Senador, Héctor Yunes Landa, fue quién solicitó la presencia del Presidente con sus visitadores para levantar las quejas, sin embargo, ya no fue necesario porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, atrajo el caso al hacerse pública, a través de prensa, radio , televisión e internet la información del desalojo que dio la vuelta al mundo.
La investigación de la CNDH incluye, también, una queja sobre la posible agresión a reporteros que cubrían el desenvolvimiento de la protesta de los pensionados y jubilados y que, nuevamente, resultaron con golpes y magullones.
En ambos casos la Comisión Nacional reconoce que el estado debe salvaguardar la libertad de expresión que es un derecho fundamental porque facilita el ejercicio de otros derechos, como el de reunión y protesta social no violenta como fue el caso de los pensionados, en su mayoría ancianos, que trataban de motivar el pago de aguinaldos y prestaciones.
El organismo Nacional de los Derechos Humanos, ha iniciado la investigación de los hechos y solicitó la información a las oficinas gubernamentales que participaron en el desalojo violento, la Secretaria de Gobierno, Finanzas y Seguridad Pública, hasta la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos que había sido omisa ante la magnitud de los hechos ocurridos a finales del mes pasado y que también tendrá que informar por qué no intervino de inmediato e integrar un expediente de queja.
Los nuevos precandidatos a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, deberán ser estrictamente personas no vinculadas a las autoridades, porque se lleva el riesgo, como en está ocasión, de minimizar los hechos y transgredir la convivencia pacífica y el ejercicio pleno de los derechos en una sociedad democrática.
Roto el compromiso compartido entre ciudadanos y autoridades, provoca que salirse del marco de la ley aumentará las acciones autoritarias, unilaterales y violentas en contra de los sectores sociales que, al parecer, no tienen asegurados sus derechos como a libre manifestación y expresión de sus demandas ante la autoridad.
Por eso quien pretenda ser el nuevo presidente de la CEDH deberá ser un imparcial del ejercicio del servicio público, un ciudadano, un académico que entienda y proponga una nueva relación con la sociedad agraviada por los excesos del poder estatal, que sin distingos a lacerado a todos los sectores, por ejemplo, al sector empresarial, a los maestros, periodistas, prestadores de servicios, campesinos y ahora a los ancianos del estado de Veracruz.
Esta semana empieza el proceso para elegir al nuevo Presidente de la CEDH de Veracruz, los candidatos Rafael Ortiz Castañeda; Namiko Matzumoto, Martín Rafael Marín Marín y Enrique Córdoba del Valle, son los aspirantes que ya entregaron la documentación a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado.
Tres de ellos vinculados estrechamente con la labor académica y universitaria y el otro aspirante que se ostenta como candidato ciudadano, cualquiera de ellos el que gane deberá refrendar el compromiso constitucional de salvaguardar los derechos humanos de la sociedad y no dar margen a la violación sistemática por parte del estado.
Suburbio 1
El único problema que enfrentarán los aspirantes y llegado el caso, es que tanto la CEDH como el Congreso del Estado se observan como oficinas subordinadas al Gobierno del Estado, por lo tanto, la credibilidad de un proceso limpio y transparente para los candidatos, está en duda.
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