Por Fanny Yépez
A Miguel Ángel Yunes Linares, su pasado represivo lo persigue y en esta entidad existen miles de personas que aún tienen presente los excesos del entonces conocido como “vicegobernador”, y todavía narran con temor sus terribles experiencias.
Yunes Linares un hombre plagado de odios, rencores y venganzas, aprovecho extraordinariamente que durante el “Chirinato” había un gobernador ausente para emprender una mano dura en contra de todo aquel que osó protestar, por no estar de acuerdo con su tipo de gobierno.
Yunes Linares fue más que la mano dura de Chirinos: tomó el control de la administración en sus manos, diseminando una estela de terror, abusos y tortura particularmente en contra de los indígenas y campesinos que exigían la regularización en la tenencia de sus tierras, para favorecer a los caciques.
Aún hoy, a más de dos décadas, su nombre despierta el espanto lo mismo en la región serrana del norte del estado, que en las urbes del sur como Coatzacoalcos, donde a los vendedores ambulantes se les desalojaba a toletazos, a los perredistas que a balazos y golpes fueron expulsados del parque de San Andrés Tuxtla, en aquel entonces se reportaron muertos y heridos de bala que formaban parte de la militancia del Sol Azteca, lamentablemente las tribus del PRD perdieron la memoria.
El siguiente texto consigna solo una pequeña parte de los excesos que Yunes Linares es capaz de emprender si el pueblo o los reporteros no se someten a sus mezquinos propósitos. Prueba de ello es la connotada periodista Lidia Cacho, quien sufrió en carne propia uno de sus actos represivos. Por lo tanto esta servidora no esta exenta de una de sus venganzas y esto hay que tenerlo muy presente, por lo que pudiera suceder.
Los excesos de Yunes Linares lo consignan la CNDH y la CIDH
Sus excesos le merecieron cientos de quejas y una docena de recomendaciones de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, entre las que destacan: CNDH/ 122/95/VER/912, CNDH/122/95/VER/3364, CNDH/122/ 95/VER/3904, CNDH/122/95/VER/4821, CNDH/122/95/ VER/7178 y CNDH/122/95/VER/I230, que se refieren a detenciones y encarcelamiento extrajudiciales, torturas, asesinatos, e incontables violaciones a los derechos humanos en más de 100 comunidades de la Huasteca, comprendida por los municipios con el más bajo Índice de Desarrollo Humano del estado.
El caso más conocido no sólo por la saña sino porque escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el del asesinato y tortura de los indígenas Atanasio Hernández Hernández, de 17 años de edad, y Rolando Hernández Hernández, de 26 años, en la comunidad Plan del Encinal, en Ixhuatlán de Madero. Tras probar los agravios, desde 1998 la CIDH resolvió que el Estado mexicano debía abrir las indagatorias judiciales contra los responsables e indemnizar a los deudos. Para el presidente Felipe Calderón, la ordenanza del organismo internacional es letra muerta, en cambio conduce a Yunes a la gubernatura del estado.
La masacre del Encinal
Les cortaron la lengua, les sacaron los ojos, les mutilaron los testículos y les destrozaron los intestinos; sus brazos, los que labraban la tierra, fueron escocidos a verdugones. El 12 de septiembre de 1994, Rolando y Atanasio Hernández Hernández aparecieron con huellas de tortura tumultuaria y el tiro de gracia en los márgenes del río Chiflón, a 8 kilómetros del terruño familiar en Plan del Encinal. Sus maltrechos cuerpos bañados en sangre seca y aún hinchadas las heridas.
Noventa y seis horas antes se los llevaron con vida los 114 policías de Seguridad Pública y de la Judicial del Estado que integraban el operativo ordenado por el secretario de gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, para desalojar a las familias otomíes de sus viviendas y tierras, porque el terrateniente y exalcalde municipal, Tranquilino Hernández Reyna, reclamaba que eran suyas.
Aunque en esta parte de la sierra el día comienza apenas entrada la madrugada, aquel 8 de septiembre, a las siete de la mañana, cuando los pistoleros de Tranquilino y los policías que los franqueaban tomaron el pueblo por asalto, muchas familias aún mantenían atrancada la puerta, así que los agarraron por sorpresa. Destruyeron todo lo que hallaron a su paso: las casitas de palopique, los corrales, los sembradíos de maíz. Golpearon a todos y dispararon contra Rolando y Atanasio, luego los amarraron y se los llevaron al rancho Las Tejas, propiedad de Tranquilino Hernández. Cuatro días después, aparecieron en el río, el tiro de gracia en la frente y en los ojos tatuado el espanto.
El pecado de la comunidad fue pedirle al gobierno de Chirinos que les reconociera la resolución presidencial del 26 de julio de 1938 de Tata Cárdenas y les respetaran sus derechos de propiedad.
Se supo de la masacre porque la gente de El Encinal viajó a la ciudad de México a denunciarla. Hicieron marchas, plantones y se instalaron en la Plaza de la Solidaridad. Más por presión, la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una indagatoria plagada de irregularidades.
Por ejemplo, sin traductor ni intérprete, el 30 de noviembre de 1994, el agente del Ministerio Público (MP) Fernando García Constantino interrogó a los padres de Rolando, María Hernández Hernández y Policarpo Hernández Hernández, y a su esposa Teresa Hernández Hernández, y a los padres de Atanasio, Aurelio Hernández Cruz y Cecilia Hernández Hernández. García sólo hablaba español y ellos, otomí, y así los obligó a firmarle los supuestos que ellos jamás comprendieron. El MP se negó a certificar el estado en que los cuerpos fueron encontrados, el tiro de gracia y las huellas de tortura.
Surgieron de nuevo los reclamos. Para acallarlos, la Procuraduría anunció que el 6 de diciembre exhumaría los cuerpos frente a representantes de organizaciones de derechos humanos. Ese día oficialmente se canceló el acto, aunque por la tarde, sin notificar a los familiares ni a los defensores, un grupo de 32 funcionarios, policías y médicos sacaron el cuerpo de Atanasio, le tomaron fotografías y lo filmaron.
Con la representación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, los deudos lograron llegar a la CIDH. En octubre de 1995, el organismo tomó la investigación del caso, considerando la imposibilidad de las víctimas de obtener justicia en México, y la latente amenaza de muerte sobre la comunidad, particularmente de los familiares de Rolando y Atanasio, quienes a partir de entonces tuvieron que vivir a salto de mata, entre el monte y la ciudad de México, por el miedo a que Tolentino Hernández y Miguel Ángel Yunes les cobraran la afrenta.
En su resolución al Caso 11.543 Rolando y Atanasio Hernández Hernández contra México, emitida el 24 de febrero de 1998, la CIDH concluyó que “el Estado es responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, de conformidad con los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, por los hechos ocurridos el 8 de septiembre de 1994, en la comunidad de Plan del Encinal, en los cuales, agentes de la policía del Estado hirieron y detuvieron arbitrariamente a Rolando y Atanasio Hernández Hernández, y luego losejecutaron sumariamente, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación seria sobre el caso, identificado y sancionado a los responsables, e indemnizado suficientemente a los familiares de las víctimas”.
La CIDH ordenó al gobierno, representado por Ernesto Zedillo, hacer “una investigación seria, imparcial y efectiva, de los hechos denunciados”; ejercer las acciones penales correspondientes, indemnizar a los deudos de las víctimas y hacer efectivas las garantías judiciales y de protección judicial consagradas en la Convención Americana.
A partir de que le fue notificada la resolución, Zedillo tenía un periodo de tres meses para adoptar las medidas para cumplir con las recomendaciones de la CIDH. Feneció el plazo sin ninguna respuesta, lo cual consignó la CIDH al hacer público el informe de fondo tres meses después, el 5 de mayo, donde consigna que está en espera de que el Estado mexicano cumpla su obligación de acatar las resoluciones de la CIDH, como integrante de la Organización de Estados Americanos.
Fue hasta 2001 que el Estado mexicano aceptó dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, aunque en realidad no hubo investigación alguna. En cambio, Yunes fue ascendido a funcionario federal en el gabinete de Vicente Fox. A pesar de la insistencia y seguimiento por parte del Centro Prodh para lograr el cumplimiento, el Estado fue omiso en proporcionar cabal observancia a sus obligaciones internacionales.
Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh detalla:
“En 2001, el Estado expresó su voluntad para dar cumplimiento a la recomendación relativa a la reparación del daño, sin embargo el monto nunca fue considerado dentro de su presupuesto de egresos; es decir, no se efectuó. En el mismo sentido, nunca cumplió con su obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, a pesar de haber creado una fiscalía especial para su investigación.
La negativa del gobierno (de Vicente Fox) para dar respuesta a la propuesta de reparación del daño se debió a que el Estado argumentaba que en tanto no se identificara a los responsables, no se indemnizaría a los familiares de las víctimas; no obstante que tanto la identificación como la indemnización representan una obligación del Estado. Además, el gobierno federal consideraba que el cumplimiento de las recomendaciones era únicamente del ámbito de competencia de las autoridades estatales.”
En esta feria de deslindes y omisiones a modo, también Fidel Herrera supo premiar la mano dura: designó como director de la Policía Veracruzana de Investigación a Juan Domingo Martínez Riveroll, el jefe de las corporaciones policiacas usadas por Yunes como guardias blancas.
Ante la posibilidad de que, en junio, Yunes Linares pudiera convertirse en gobernador del estado, en la Huasteca otra vez se perdió el sosiego. “Con Yunes, la surte de todos los indígenas está echada”, dice Ramiro Díaz Baltazar, dirigente del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata. Mientras que otras organizaciones, como la de Los 400 Pueblos, en los últimos días han organizado marchas y plantones para exigir que se forme una comisión de la verdad, que investigue los crímenes de Yunes Linares. En febrero, los familiares de Rolando y Atanasio dejaron sus casas y se fueron de nuevo al monte.
Sobre el caso Plan de Encinal, Luis Arriaga explica que no existe ningún término para la prescripción de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, es decir, “la responsabilidad internacional permanece en tanto no se da cabal cumplimiento a las mismas, como en este caso. El propio informe definitivo representa el grado de incumplimiento del Estado y la necesidad de dar puntual seguimiento a las acciones para reparar las graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el Reglamento de la CIDH, ésta puede realizar medidas de seguimiento de las recomendaciones, contando con amplias facultades para tomar las medidas que considere oportunas con el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones que formule a los Estados. Sin embargo, es motivo de preocupación que el Estado mexicano no acate las recomendaciones de organismos internacionales, como la CIDH”.
Años de terror
Los años de Miguel Ángel Yunes como secretario de gobierno son un inventario de terror delirante en municipios como Benito Juárez, Chalma, Chicontepec, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero y Texcatepec, Veracruz. Indígenas torturados, levantados y asesinados.
La mañana del 29 de mayo de 1995, grupos formados por elementos de la Policía Judicial Federal, Policía Judicial del Estado, Seguridad Pública de Veracruz y civiles armados irrumpieron simultáneamente en las comunidades Ricardo Flores Magón, Doroteo Arango, La Lima, Cuexcontitla, Otlamalácatl y en el predio Cececapa. En el operativo, golpearon a todos los indígenas, a sus mujeres, hijos y los ancianos; los agentes policiacos sustrajeron las herramientas de labranza, dinero en efectivo y aparatos electrodomésticos, y detuvieron sin orden de aprehensión a 34 campesinos.
En otro operativo, en la comunidad de Cantollano, el 2 de julio la Policía Judicial del Estado detuvo sin orden de aprehensión a los indígenas nahuas Eneo Hernández Hernández, Emiliano Hernández Hernández, Lucas Francisco Hernández y Juan Solares Hernández. Durante dos días, los sometieron a cruentas torturas. Por ejemplo, a Emiliano y Eneo les colocaron bolsas de plástico en la cabeza y les aplicaron toques eléctricos en todo el cuerpo para que se confesaran culpables de varios delitos
Todo esto lo narra en un amplio reportaje que público Contralinea el 18 de abril del 2010.
Lamentablemente existen muchos más casos de tortura y terror que realizo Yunes Linares cuando ocupo la Secretaria de Gobierno de Veracruz, en las próximas entregas les iré informando al respecto.
