Ciudadanos de Cardel, en Veracruz, señalan al jefe policial detenido por el caso Tierra Blanca como causante de al menos otras 18 desapariciones.
El 11 de enero de 2013, ocho de los 12 policías del municipio de Úrsulo Galván, a media hora del Puerto de Veracruz, salieron a hacer su habitual rondín. Era media tarde. Rosario Sayago, la esposa del agente Juan Carlos Montero, de 43 años, había hablado con él a eso de las 17.45. “Hablábamos todo el rato por teléfono. Ellos trabajaban cuatro días y descansaban dos, así que cuando trabajaba, como nos salía gratis por el plan y eso, hablábamos por acá y me contaba qué hacía. Aquel día me dijo que a las seis saldrían de rondín, un recorrido habitual”. A las 19.20, Rosario llamó de nuevo a su esposo, pero éste no contestó. Insistió por horas y ya en la noche, asustada, llamó a la comandancia de Úrsulo Galván. Allá no sabían nada de Juan Carlos, ni tampoco de sus siete compañeros.
Acompañada de Martha, la esposa de otro de los agentes, Rosario acudió a la comandancia, junto al palacio municipal. El operador de guardia les dijo que lo único que sabía, es que en una gasolinera de allí cerca habían visto pasar a la patrulla de los municipales. Les dio las señas y Rosario y Martha fueron hacía allá. En la gasolinera hablaron con uno de los trabajadores. Les dijo que sí, que la patrulla había pasado hacia las siete de la tarde y que otras cuatro patrullas, estas de la policía estatal, les andaban siguiendo. Les dijo además que se habían metido hacia la comunidad de El Arenal. Les contó, por último, que al rato volvió a ver a las cinco patrullas, pero que entonces guardaban un orden distinto: la de los municipales iba en medio de las otras cuatro. Al volante de la patrulla de la policía de Úrsulo Galván iban agentes estatales.
En El Arenal llegaron a una tienda de abarrotes. Con la excusa de comprar unas tierras, entablaron una conversación con el tendero. Él les dijo al final que había visto cómo los estatales, del grupo Tajin, uno de los cuerpos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz –se había fijado en el logo de las camionetas–, habían desarmado a los municipales y se los habían llevado. Los municipales nunca aparecieron.
La camioneta de los policías de Úrsulo Galván apareció al día siguiente a hora y media de la localidad. Ese día, 12 de enero de 2013, otros cuatro policías municipales renunciaron a su empleo.
“Todas las promesas que les hacen ahora a los de Tierra Blanca, nos las hicieron a nosotras”, decía Rosario el sábado, en un café del centro de Cardel, a 10 minutos en carro de Úrsulo Galván. Rosario aludía con amargura a las búsquedas que les prometió entonces el Gobierno de Veracruz, comandado, entonces igual que ahora, por Javier Duarte, del PRI. Durante quince días, ella y las demás esposas acamparon en un galpón del palacio municipal de Úrsulo Galván. Luego se fueron. Se pusieron, ellas, a buscar. Y de momento, nada.
Ocurre que tres años más tarde de la desaparición de su esposo y los demás, justo el mismo día tres años más tarde, policías estatales secuestraban a cinco muchachos en Tierra Blanca, dos horas al sur de Úrsulo Galván. El comandante de la policía estatal en un caso y otro es Marcos Conde, actualmente en prisión. Conde dirigió a las fuerzas de la policía estatal en la zona de Cardel y Úrsulo Galván en 2012 y parte de 2013.
El 30 de noviembre de 2012, Arturo Figueroa, de 23 años, desapareció. Era viernes. Arturo, que estudiaba enfermería en el Puerto de Veracruz, había llegado a casa ya de noche. Se bañó, se arregló y salió a buscar a su amigo Miguel Ángel. Ambos marcharon después a casa de un tercer amigo, que vivía igualmente donde ellos, en la colonia El Modelo de Cardel. A las 23.30, Basilia habló con Arturo por teléfono. Este le dijo que “en un momentito” volvía ya para la casa. A las 12.30, la abuela de Miguel Ángel tocó la reja de su ventana y le dijo que la policía se había llevado a su hijo y a su nieto. Le dijo que los papás del tercer joven lo habían visto todo en la calle, cuando Arturo y Miguel Ángel ya se despedían. Fueron, de acuerdo a testigos mencionados por Basilia, entre dos y tres patrullas.
“Fuimos a las bases de la estatal, hay dos en Cardel”, explicaba el sábado Basilia, “fuimos mi hija, la abuelita de Miguel Ángel y yo… Y nada. Ahí todavía pensábamos que eran solo dos los que se habían llevado. Luego nos dimos cuenta de que faltaban más”.
Según avanzaba la madrugada, las mujeres, que fueron a las casas de los amigos de los muchachos en el barrio, se dieron cuenta de que otros jóvenes se habían esfumado también. Filiberto Alarcón no estaba, Max Enrique López tampoco, un amigo de Filiberto, Charly Yosimar faltaba… “Y también el muchacho que acompañaba a Charly. Su moto estaba ahí, en la calle donde se los llevaron, en la prolongación José Cardel. Pero su familia no denunció”.
Hablar de desapariciones en México, con más de 26.000 casos reconocidos, implica aceptar que la justicia maneja parte de la realidad. Por miedo, por temor o cansancio de las víctimas –sus familiares– el sistema nunca accede a todos los casos habidos. En el mejor de los casos, escucha rumores, los que escuchan todos en los pueblos. La escasez de personal, la infiltración del crimen organizado o la falta de capacitación impiden avanzar.
En el caso de la colonia El Modelo, Basilia añade otros dos nombres al grupo de seis: uno que se llama Elfego, que andaba comiendo en la calle cuando llegaron las patrullas y otro que se llama Octavio: “a él no lo conozco, pero a su mamá sí”.
La lista sigue y su composición requiere apenas un conocimiento superficial de la zona. Las esposas y mamás de los muchachos de El Modelo, de los policías de Úrsulo Galván, saben del caso del fiscal Pedro Huerta, desaparecido igualmente en Cardel. El sábado pasado, su mamá, Griselda Barradas, presa de un evidente nerviosismo que, dice, le acompaña desde hace años, contaba que en abril de 2013, dos patrullas de la policía estatal de Veracruz se llevaron a su hijo de la casa que compartía con su esposa.
El fiscal Huerta, agente de la fiscalía de Veracruz, trabajaba codo a codo con la secretaría de la Marina. A finales de 2012 había participado en un operativo en la cercana ciudad de Córdoba, desbaratando una célula delictiva asociada a los zetas que había infiltrado a la propia fiscalía.
Por su conocimiento del expediente judicial, la señora Griselda da dos nombres de dos policías estatales, uno de los cuales está ahora detenido por el caso Tierra Blanca: Luis Rey Lendechy.
La lista sigue: el periodista Sergio Landa despareció en enero de 2013 en Cardel. Era la segunda vez que lo levantaban y en esta ya no volvió. En diciembre de 2012, un grupo armado levantó a ocho vecinos de Cardel, tres trabajaban en protección civil. A los días aparecieron ejecutados…
El asunto en este caso trasciende quizá a su paradero. Apunta, además, a las autoridades del Gobierno de Veracruz: ¿Por qué mantuvieron como comandante de la policía estatal a un personaje como Marcos Conde? ¿Cómo, después de hechos así, lo movieron simplemente a otra oficina de la Secretaría de Seguridad Pública?
