Mientras el PAN se pone valiente e insiste en que la PGR y el CISEN certifiquen a sus aspirantes, por lo pronto El Financiero publica que ocho de sus virtuales candidatos están vinculados en escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito, presuntos nexos con el crimen organizado, secuestro y violación.
La PGR informó en octubre que solicitó información sobre las propiedades del aspirante a Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares y las de su esposa e hijos, derivado de la investigación UEIORPIFAM/AP/114/2013 por el uso de recursos de procedencia ilícita.
Francisco Xavier Berganza, precandidato al gobierno de Hidalgo, enfrentó a la justicia en 2004, acusado de ordenar a tres de sus empleados secuestrar a César Islas Hernández, un amigo, por un préstamo de 700 mil pesos.
En Aguascalientes, el precandidato panista Martín Orozco arrastra desde 2007, cuando fue alcalde, un juicio penal por tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público.
En Sinaloa, el aspirante a la candidatura, Héctor Melesio Cuén, diputado local, fue denunciado en 2010 por presunto enriquecimiento ilícito.
El senador Javier Corral, aspirante al gobierno de Chihuahua, ha sido señalado por el gobernador de la entidad, César Duarte, de que sus hermanos estuvieron presos en Estados Unidos, uno por narcotráfico y otro por fraude financiero.
Francisco García Cabeza de Vaca, precandidato al gobierno de Tamaulipas, fue detenido en 1986 en McAllen, Texas, por robo de armas.
Antonio Gali, quien se perfila para contender por Puebla, ha sido blanco de escándalos de corrupción desde 2013, cuando diversos medios difundieron el presunto enriquecimiento inexplicable.
En 1992, al precandidato al gobierno de Durango, José Rosas Aispuro, se le vinculó con un desfalco al Congreso local.
