Por Fanny Yépez
Después de que la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez fuera señalada de sostener vínculos con Joaquín “Chapo” Guzmán, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN solicitó que tanto la PGR como el CISEN, certifiquen a sus aspirantes para que se asegure que estos no tienen ningún asunto pendiente con la justicia.
Muchas versiones se dieron acerca de que la diputada de Sinaloa recibió financiamiento para su campaña política en 2013 y que el dinero provenía del narcotráfico.
Llamó mucho la atención la habilidad y la sangre fría de esa legisladora, que visitó al “Chapo” Guzmán estando en prisión en el Altiplano y que para lograr ingresar presentó una credencial de elector falsa, con su fotografía, pero a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez, con domicilio en la ciudad de Toluca, Estado de México.
Por lo que para evitar en el futuro esos escenarios, el PAN insiste en que se certifiquen sus virtuales candidatos pero 8 de estos están vinculados en escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito, presuntos nexos con el crimen organizado, secuestro y violación, como Chihuahua, Sinaloa, Durango, Puebla, Tamaulipas, Aguas Calientes, Hidalgo y Veracruz.
MAYL no ha demostrado el origen de su fortuna para adquirir cuantiosos bienes
Uno de esos pre candidatos es Miguel Ángel Yunes Linares a quien la PGR solicitó información sobre sus propiedades, las de su esposa e hijos, derivado de la investigación UEIORPIFAM/AP/114/2013 por el uso de recursos de procedencia ilícita.
La otra investigación por enriquecimiento ilícito, peculado y el ejercicio indebido del servicio público pertenece al expediente AP/PGR/UEIDXSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015, iniciada el 23 de abril del año pasado.
Existe otra más que fue abierta ante la fiscalía de Veracruz y que fue interpuesta por diputados priistas.
Y ahora sin que sea una denuncia, el precandidato priista, Héctor Yunes Landa le solicitó que rinda su declaración patrimonial y Miguel Ángel Yunes Linares solo dio evasivas, para brincarse a otro tema y no abordar este asunto, que sería una garantía de honestidad ante la ciudadanía.
Esa indefinición lo único que le provoca al precandidato del PAN es, seguramente, una baja de simpatía y votos, porque los veracruzanos queremos una completa transparencia de quienes aspiran a ocupar el cargo de gobernador.
Serán las encuestas las que determinarán quien lleva más puntos de simpatía entre los candidatos, pero a “bote pronto”, lo que se escucha en las mesas de café y en otros sitios de encuentro de ciudadanos, es que Héctor Yunes Landa ha utilizado un lenguaje directo en sus mensajes con lo que se está posicionando más cada día.
La definición se verá el 5 de junio, día de las elecciones, pero hasta hoy cuando faltan 103 días, el nombre que más se escucha es el de Héctor.
Solo es cuestión de tiempo y de cómo puedan apretar las estrategias políticas para impulsar a los precandidatos.
A Graco Ramírez no le duró el gusto de ser crítico ni una semana
“No escupas para arriba porque te puede caer…” dice un viejo y sabio refrán que sigue teniendo vigencia; hoy aplica al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien la semana pasada acusó al gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa de “saquear y no gobernar” y solo habían pasado unos días, cuando aparecen notas en distintos medios de comunicación que lo señalan (a Graco) de haber desviado dinero de un crédito, para demoler y construir de nuevo, sin licitar públicamente, el estadio de futbol Agustín Corruco Díaz, para el que solo se tenía contemplado en el proyecto original su remodelación.
El gobernador morelense realizó una inversión de 857 millones 832 mil 681 pesos, que tomó indebidamente de fondos federales y de un crédito para fines productivos con los que realizó esa obra.
De acuerdo a esas informaciones, la Secretaría de Obras de ese estado, en el rubro 14 de sus asignaciones, solo contempló el proyecto ejecutivo para la rehabilitación y remodelación del mencionado estadio, pero el gobernador tomo su propia iniciativa, lo demolió y después lo construyó.
Ahora tendrá que responder por ese desvío que podría justificarse de alguna manera, pero que para los auditores tiene otra connotación el mal manejo del dinero que ya está presupuestado para otros renglones de la administración.
Nadie le movió el piso a Graco Ramírez, las cosas caen por su propio peso.
El gobernante perredista es dado a ver la paja en el ojo ajeno y a no ver la viga en el suyo, por lo que se atrevió a señalar a Javier Duarte como lo ha hecho con el gobernador del estado de Guerrero, sin ver que en su estado se han realizado diversas marchas de repudio exigiendo su renuncia.
Marchas con cacerolas reclaman la ingobernabilidad en Morelos
Graco nació en Villa Hermosa pero gobierna el estado de Morelos y cuando habló de Duarte de Ochoa también se refirió a Andrés Granier, de quien dijo que se dedicó a saquear Tabasco.
Se atreve a lanzar críticas a los otros gobernadores, olvidando que por el tema de inseguridad que prevalece en Morelos se le reclama a él con movilizaciones, en las que exigen su renuncia, culpándolo por la ingobernabilidad que ahí impera.
La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), hizo un llamado a la ciudadanía para que salieran con cacerolas por las calles a exigir su renuncia, por no cumplir con su promesa de campaña de acabar con la inseguridad en los primeros 18 meses de su administración.
En esa ocasión lanzaron huevos a los edificios de Palacio de Gobierno en repudio gritándole “Ratero número 1 de Morelos”, pero seguramente ese episodio ya lo olvidó y ahora se convierte en un férreo crítico de otros estados, sin ver la difícil situación que se vive en el estado de Morelos.
Investigan a 303 funcionarios y ex funcionarios veracruzanos por daños públicos
Claro que se está procediendo en contra de los malos funcionarios, prueba de ellos es que un total de 303 servidores y ex servidores públicos están sujetos a procedimiento por las observaciones generadas en la Cuenta Pública 2014, donde se detectó un presunto daño patrimonial por 163 millones 990 mil 376 pesos.
Esta información fue publicada este martes por la agencia “La Silla Rota” ,donde la periodista Gabriela Rasgado Martínez señala que fue el director general de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior, Óscar Ocampo Acosta, quien indicó que desde la semana pasada el Orfis comenzó con la notificación a los involucrados, una vez que salió publicado el decreto 858 a través del cual el Congreso los instruye a iniciar la segunda fase del proceso de fiscalización superior, avisos que concluirán el 26 de febrero.
“Son en promedio 303 servidores y ex servidores públicos que vamos a sujetar a procedimiento; estamos hablando de 51 entes fiscalizables relacionados en un presunto daño patrimonial, 46 son entes municipales y 5 son entes estatales”, citó.
Agregó que hasta el momento, han sido notificados 280 de los 303 servidores y ex servidores públicos e indicó que el Orfis tiene un calendario de actividades en lo que respecta a la cuenta pública, mismo que debe concluir el 15 de julio.
En ese tenor, el calendario de audiencias plantea que entre el 8 y el 18 de marzo deberán de concluir las 51 audiencias con la comparecencia de los 303 servidores públicos y ex servidores públicos notificados.
