Lo que no hacen las autoridades u organismos nacionales que supuestamente trabajan en defensa de los derechos humanos, lo emprenden otros, más allá de nuestras fronteras. Tal es el caso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional, que darán asesoría a familiares de los cinco jóvenes de Playa Vicente que el pasado 11 de enero fueron “levantados” por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca y entregados a una célula delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A puerta cerrada, los enviados de la ONU se reunieron en Veracruz con los padres de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16.
De acuerdo con Bernardo Benítez –padre de uno de los jóvenes cuyos restos son analizados por peritos argentinos para confirmar su identidad–, señaló que tanto la ONU como AI se ofrecieron a darles asesoría legal para llevar el caso.
A raíz del encuentro con integrantes de ambos organismos, añadió, el gobierno federal empezó a sentir la presión internacional, ya que el caso podría ser expuesto en Ginebra, Suiza.
