Era muy bueno para ser real, o efectiva. Así, rodeada de polémica desde su creación, al grado que confrontó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Ley General de Víctimas fracasó como solución a la problemática del creciente número de personas afectadas por el crimen organizado, incluso tiene atorados 986 millones de pesos del Fondo de Apoyo, pues sólo ha usado 4.5% del presupuesto de apoyo a víctimas.
Primer producto de la interacción constante del Senado con organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, y por Emilio Álvarez Icaza, la Ley General de Víctimas es criticada acremente por los familiares de personas desaparecidas o asesinadas, porque no tiene los mecanismos legales suficientes para atender las necesidades específicas ante el Ministerio Público.
Aun cuando fue diseñado para que de ahí saliera el dinero que apoyará a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de personas, cuerpos o restos, su acceso se ha complicado considerablemente, al grado de que hasta el año pasado sólo se habían entregado 47 millones 39 mil 788.58 pesos, de los cuales 45 millones 915 mil 222.96 pesos fueron pagados por compensación como parte de la reparación integral, y un millón 124 mil 565.62 pesos para medidas de ayuda inmediata.
La cifra de 47 millones 39 mil 788.58 pesos representa sólo 4.5% del dinero que tiene este Fondo; es decir, existe un total de 986 millones 360 mil 211.42 pesos.
