En esta sociedad machista, es muy complicado avanzar en la defensa de las mujeres. Sin embargo, algo se consigue día con día, como el hecho de que el fenómeno de las juanitas —mujeres postuladas para algún cargo que posteriormente renuncian en favor de un hombre— fue establecido como una conducta violenta contra la participación política de las mujeres.
De acuerdo con el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, presentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en días pasados, también es violencia política contra el género femenino otorgar candidaturas a las mujeres únicamente en distritos “perdedores”, amenazarlas o impedir que asuman el cargo, así como agresiones más duras, como acoso, violencia sexual y hasta el asesinato.
En adición, los partidos políticos pueden perpetrar violencia política contra las mujeres al destinar menos recursos para sus candidatas en las campañas, otorgarles menos tiempos de radio y televisión y el uso inadecuado de los recursos ordinarios de los partidos destinados a la capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
En el documento se establecen acciones inmediatas para atender a las mujeres que son afectadas por violencia política con elementos de género.
El objetivo del escrito es que la violencia no quede en la impunidad y que las investigaciones que se lleven a cabo se realicen con la debida diligencia y de acuerdo con los estándares internacionales, para proteger al género femenino que participa en actividades políticas.
