Los que saben del tema, opinan que en el arranque en esta semana de la construcción de la reforma secundaria en materia de combate a la corrupción, los legisladores se enfrentan a una realidad innegable que puede llevar a letra muerta algunos de sus aspectos más positivos e innovadores de estas leyes, porque la realidad nacional y la cotidianidad de los servidores públicos está alejada de los objetivos planteados.
Son tres los principales retos que les presenta la realidad a los objetivos del combate contra la corrupción.
El primero es la carencia de presupuesto para que los estados y municipios cuenten con una estructura eficiente para la vigilancia de las conductas anómalas de sus funcionarios; 60% de los municipios carece del diseño administrativo para echar a andar los mecanismos de vigilancia anticorrupción; a lo cual se suma la vulnerabilidad política de los contralores
El segundo reto es la forma en que se pondrá en marcha la exigencia de organizaciones ciudadanas para que todos los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscales, llamadas 3 de 3, pues aun cuando existe un consenso entre legisladores y organizaciones sociales, lo cierto es que 68% de los poco más de un millón 200 mil servidores públicos perciben entre mil 800 y 27 mil pesos mensuales, lo que les impide contratar contadores que les ayuden a presentar una declaración fiscal a la cual no están obligados por el SAT.
Y el tercer reto es la definición del umbral de inhabilitación, pues si bien existe consenso en que no deben ser ya de 10 años, y hay propuestas de que se eleve hasta 30 años; en los hechos, esa disposición pone en riesgo a burócratas que cometan errores como presentar de manera extemporánea su declaración patrimonial, anomalía que no corresponde con el nivel de castigo que se quiere imponer.
