Tratando de hacer valer la razón de su existencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió a la Cámara de Diputados el pronunciamiento La Supervisión Penitenciaria, en el que alerta que el sistema presenta resistencias para reconocer sus limitaciones y problemas en materia de violación a las garantías constitucionales de los reclusos.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez plantea su preocupación por los “pocos avances y en ocasiones retrocesos que se reflejan en las condiciones y operación de los centros de reclusión”.
Indica que esto queda de manifiesto en las calificaciones de los centros estatales, obtenidas año con año, pues han descendido y las deficiencias señaladas continúan presentándose.
Sustentado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), el informe de la CNDH detalla que la calificación ha bajado en 22 entidades federativas, lo cual significa que sus cárceles presentan mayores deficiencias.
“De éstos, 14 entidades (44%) han descendido su calificación por dos periodos continuos o más, de las cuales nueve entidades (28%) han disminuido su calificación por tres o cuatro años seguidos. De las diez entidades federativas que no bajaron su promedio, sólo una mantuvo la misma calificación entre 2013 y 2014, las restantes nueve (28%) subieron su calificación en el mismo periodo; de éstas, cuatro (12.5%) entidades lo hicieron por dos años consecutivos”, se puntualiza. Más claro…
