Define el INEGI a la canasta básica, como el conjunto de bienes y servicios necesarios que la familia mexicana necesita tener a su alcance, para satisfacer sus necesidades de consumo, en función o de manera proporcional a sus ingresos. De la definición anterior se desprende que a mayores ingresos, mejor calidad de vida y viceversa; pero aquellos que no cuenten con ingresos y que sobreviven por su falta de empleo, de las políticas asistencialistas del gobierno, tendrán que consumir la canasta básica que determinen, en el caso del gobierno federal, los responsables del programa Cruzada contra el Hambre o quienes desde el DIF nacional y las dependencias promotoras de comedores comunitarios, quieran poner al alcance de los marginados sociales y desde los tres ordenes de gobierno, para que nadie muera de inanición o hipotermia en éste crudo invierno.
Se enlistan como artículos de consumo permanente en los hogares mexicanos, entre ochenta y cien productos de precio oficial controlado, cuyo cumplimiento no queda al libre albedrío de los comerciantes; sino que, con un ejército de inspectores diseminados por todo el país a través de la PROFECO, tienen como tarea vigilar que se cumpla la normatividad aplicable a la calidad y precio del contenido de la canasta básica y en general, al cumplimiento de las ofertas que toda negociación comercial debe sostener, para evitar que se le apliquen las sanciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, desde la imposición de multas que se pueden duplicar, hasta la suspensión temporal o definitiva de las operaciones comerciales respectivas.
El Banco de México calcula el índice nacional de precios al consumidor y junto con el INEGI analizan el poder adquisitivo de la población; la carga fiscal que por sectores sociales y por zonas económicas les corresponda y los efectos negativos que pudieran generar los precios en el bolsillo de los consumidores. Todo se ha regulado y legislado muy bien, pero en la práctica en la vida cotidiana, en las plazas comerciales, en las calles y avenidas de todos los rincones de México, en las centrales de abasto y en los mercados y tianguis, se juntan REALIDAD-CORRUPCIÓN y falta de solidaridad social, para que cada uno de los factores de producción distribución y consumo, lleve agua a su molino, para resultar al final que la política que dicta el gobierno para regular la economía interna al llegar a su nivel más bajo; es decir al llegar al pueblo, se vuelve injusta, arbitraria porque el más fuerte se come al débil, corrupta y protegida institucionalmente por el gobierno.
La canasta básica mexicana del año que acaba de concluir, se puede consultar por internet, pero también se puede solicitar como información oficial gratuita a la población, en todas las oficinas de la PROFECO y en delegaciones de la Secretaria de Economía y sus correspondientes en los estados y municipios, de tal forma que nadie puede argumentar ignorancia en el tema, que ahora cobra su mayor importancia por el incremento inesperado, desautorizado, inflacionario y galopante de los precios de los artículos necesarios para satisfacer requerimientos de la vida diaria.
Abarrotes comestibles; abarrotes no comestibles; aves y cárnicos; cereales y tubérculos; frutas; verduras y hortalizas; granos y semillas; pescados y mariscos; salchichonería y lácteos, agrupan en cada rubro las ofertas de venta de los comercios, tiendas departamentales, mercados público y sobre ruedas, tianguis y puntos de venta con registro oficial y control de calidad y precios por las instancias del gobierno. El consumidor tendrá tantas opciones como las que quienes se dedican al comercio les quieran presentar y de la competencia que surja, la mejor opción será la que deje satisfecho a quien saca de su bolsillo para decidir libremente su compra; si es que todavía le quedan recursos, después de llenar el tanque de gasolina, semanalmente a su vehículo o de pagar las tarifas del transporte público que en sus diferentes modalidades se han incrementado desde el mes anterior en que el inteligente Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña, autorizado por el señor presidente de la república Enrique Peña Nieto, determinaron el incremento en el precio de las gasolinas, asegurando que no se dispararía la inflación y que resultaba una medida económica necesaria para evitar más deuda e impuestos; ya que el precio liberado de gasolinas, para eso serviría según el brillante, inteligente y precandidato presidencial por el PRI y por el PAN (seguramente) José Antonio Meade Kuribreña.
El pueblo nunca se equivoca; y hoy menos que nunca el pueblo está dispuesto a equivocarse en la respuesta de civilidad, dentro de la ley, pero mostrando una gran inconformidad con las medidas económicas del gasolinazo y daños colaterales causados al bolsillo y al patrimonio de los más jodidos. Nuevamente la recomendación de Maquiavelo a los príncipes, cobra plena vigencia, sobre todo cuando apuntaba que los que mandan en un país, que los que nos gobiernan, no pueden hacerse «amar y temer» a la vez, porque esos sentimientos se contraponen y se destruyen a sí mismos; y agrega Maquiavelo, que los príncipes deben valorar lo que más convenga a sus intereses, sin perder de vista y evaluando que los súbditos olvidan pronto el agravio que les causa la muerte de su padre o la pérdida de una mujer; pero que difícilmente olvidan la afectación económica a su bolsillo. Un príncipe que roba y que no tiene consecuencias por su conducta ilícita (como el ex de Veracruz JD) se acostumbra a robar sin limitación alguna, como sucede hoy con los funcionarios federales que han incrementado el precio de las gasolinas sin consideración al pueblo; lo que no han evaluado es la reacción de los afectados con ese decreto, que hoy causa intranquilidad y repudio, con manifestaciones que amenazan desbordarse en plazas públicas, calles y avenidas de todo México.
Reconsiderar la medida, difícilmente se dará; enfrentar las reacciones inmediatas contra la medida, podría resultar con un daño mayor a la estabilidad pública; si llegara a surgir el caos ingobernable, estaríamos presenciando por primera vez, la renuncia al cargo de presidente de la república, aun antes de terminar el periodo, lo que desde luego deseamos que no suceda por el bien de la república y la continuidad de la vida institucional de nuestro país.
