Las ONG extranjeras que operan en China tienen, desde ayer, nuevas y mayores trabas para ejercer en la dictadura asiática. Entró ayer, 1 de enero, en vigor una nueva normativa aprobada en abril del pasado 2016 que obliga a estas organizaciones a estar registradas en la policía y a contar con el patrocinio de una agencia gubernamental que se dedique al ámbito de operaciones de la organización de turno.
El proceso será, primero, lograr este patrocinio, y luego, pedir un permiso a la policía, previa entrega de toda la información que se solicite, tal como los proyectos o planes de la ONG y el estado de sus cuentas. Entonces, los agentes decidirán si les conceden o no el permiso. Esto afectará a alrededor de 7,000 organizaciones, según datos oficiales de Pekín.
La medida genera gran polémica, puesto que ahora las autoridades chinas podrán, en cualquier momento, cancelar la actividad que estén llevando a cabo o interrogar al responsable de la organización en China si considera que se está poniendo en peligro la seguridad del país.
Pero no sólo son las ONG las preocupadas, Estados Unidos y la Unión Europea también criticaron que esta regulación puede limitar más el ya estrecho margen de actividad que la sociedad civil tiene en el país.
