Al tiempo en que se gestaba la Independencia de México, el abogado Francisco Primo de Verdad y Ramos, quien con doble nacionalidad, española y mexicana, servia en la Ciudad de México al gobierno de España; pero durante sus estudios en el antiguo colegio de San Ildefonso, tomó conciencia de la situación política y social que se vivía con la gran discriminación a los criollos y en especial por las reformas administrativas dictadas por el rey Carlos III de España, mediante las que pretendió la monarquía ibérica, ser reconocida como una potencia mundial y mantener la hegemonía y la explotación en las colonias y tierras conquistadas.
Francisco Primo de Verdad como síndico del ayuntamiento de la Ciudad de México, se suma al movimiento Independencista de los sometidos a la corona española, siendo perseguido, al grado de haber sido acusado como hereje por el clero católico y por las autoridades del virreinato; y Primo de Verdad se pronuncia por la formación de un gobierno independiente y con autonomía de la Nueva España, pues justo era el momento para aprovechar la falta de un reconocido virrey y proponer el ejercicio del poder soberano del pueblo para gobernarse, sin sometimiento al autoritarismo con que gobernaban los de la Casa Real de Borbón y durante la toma y ocupación del palacio virreinal de la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1808, Francisco Primo de Verdad es apresado, encerrado en el arzobispado de México, donde muere, sin identificarse la causa real el 4 de octubre de 1808.
Fue nombrado el licenciado Primo de Verdad, por el Congreso de Jalisco, benemérito en grado heroico por su lucha Independencista y por sus aportaciones al fortalecimiento del primer municipio real y formal que gobernó desde lo local lo que hoy conocemos como la Ciudad de México; siendo su principal basamento el reconocimiento al poder soberano del pueblo, y ese pensamiento, que constituye en teoría política la conformación de la idea soberana para crear un estado con territorio, población, instituciones jurídicas y definiciones democráticas, representa también, la bandera de lucha por la independencia política y la autonomía económica consagradas en el artículo 115 de la Constitución Política de México, por obra y gracia del Constituyente de Querétaro de 1917.
La coexistencia ordenada y pacífica para ejercer el poder público en el ámbito de su competencia, por el gobierno federal; por los gobiernos de los estados; y por los gobiernos municipales, no ha sido fácil y menos tersa y de conjunción de esfuerzos que, en los tres ordenes de gobierno, deben coincidir para lograr el bienestar colectivo social, como fin último de todo gobierno. Por ello en los grandes parteaguas de la historia constitucional mexicana, han surgido confrontaciones, resueltas algunas mediante la discusión y el debate de las ideas retardatarias, inmovilistas y progresistas y otras de plano mediante el uso la fuerza pública avasallante en contra la instancia municipal.
Estas luchas por el reacomodo de fuerzas políticas y la modelación de nuevas estructuras gubernamentales, auténticamente revolucionarias y de avanzada, no han permeado lo suficiente, por mezquindades políticas y luchas partidistas, en las que se anteponen los intereses personales o de grupo, por encima del interés general de la población. Sin embargo, los reclamos de alcaldes ante gobernadores y contra el propio presidente de la república y su gabinete, protestando contra la pretensión permanente de someter a los cabildos municipales para que formen parte del rebaño de los gobernadores, constituye hoy en día, un verdadero filón que los 2440 municipios de México, tienen pendiente para decantar y firmar las nuevas estructuras que nos conduzcan a una sociedad igualitaria y democrática, con el respeto institucional, garantizado, al gobierno más cercano a la gente, que sin duda es el que presiden los alcaldes, síndicos y regidores.
En el estado de Veracruz y precisamente en su capital Xalapa, se recuerda el reclamo a la mitad del periodo de gobierno municipal del licenciado Carlos Padilla Becerra, (1982-1983) en contra del autoritarismo del gobernador en turno, licenciado Agustín Acosta Lagunes, quien despojo al ayuntamiento de Xalapa de las funciones constitucionales encomendadas al ayuntamiento, el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, por el que se inició la disputa política y jurídica, que llevó al alcalde Carlos Padilla a contratar los servicios profesionales del Constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela (fundador del Instituto Mexicano del Amparo). Por prudencia Carlos Padilla solicitó licencia para separarse del cargo, siendo sustituido en sus funciones por Enrique Hernández Crisanto, quien tenía el carácter de síndico.
Otro caso de represión del gobierno del estado en contra del ayuntamiento de Xalapa, fue perpetrado por el gobernador Miguel Alemán Velasco y miembros de su gabinete político, durante el periodo (1998-2000) que presidió el licenciado Rafael Hernández Villalpando, a quien “le fue negado y obstaculizado” el servicio de recolección de basura para depositarlo en un relleno sanitario del que Xalapa carecía por la falta de apoyo y coordinación del gobierno del estado; además del servicio público de tránsito y vialidad municipal, que el gobierno estatal se negaba a entregar al ayuntamiento, por encima del ordenamiento jurídico del artículo 115 de la Constitución Política Federal; lo que obligó al gobierno municipal de Villalpando, a demandar por la vía de la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, el respeto a la autonomía y competencia de trabajo por el ayuntamiento local. Rafael Hernández Villalpando se vio obligado también, a separarse del cargo y correspondió a María Teresa Chaires, suplente de Rafael, concluir el encargo.
En otros estados de la república y en la última década, llena de violencia y crímenes políticos en contra de alcaldes de los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Veracruz, las confrontaciones políticas con los gobiernos de los estados y las instituciones policiacas, de seguridad nacional y de investigación, persecución y procuración de justicia, los resultados han sido de graves consecuencias, por el derramamiento de sangre, que muchas veces ha sido sufrida en carne propia, por alcaldes, síndicos y regidores, perseguidos y ejecutados por el crimen organizado.
En Cuernavaca, Morelos, antes conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera, el alcalde y ex estrella del futbol mexicano Cuauhtémoc Blanco, desde que resultó electo y asumió el cargo hace precisamente un año, no ha podido desempeñar eficazmente su función, puesto que sus confrontaciones con los dirigentes del Partido Social Demócrata que lo abanderó y llevó al triunfo, no han terminado; y ahora enfrascado en un pleito personal con el gobernador de Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu (PRD), a quien acaba de demandarle en Juicio Político ante la Cámara Federal de Diputados, su intromisión en los asuntos municipales se ve difícil que el Cuauh pueda concluir su gestión municipal, porque la intransigencia de los principales personajes de esta lucha política está muy lejos de la prudencia que recomienda la ciencia política; y todavía más lejos, de la paciencia de los habitantes de Cuernavaca.
