Como ya se lo han recordado varios de sus panegiristas, Miguel Ángel Yunes Linares ganó la elección de junio del año pasado porque a pesar de los señalamientos públicos que por enriquecimiento inexplicable y hasta pederastia le hicieron sus adversarios –entre ellos su propio primo hermano y candidato del PRI, Héctor Yunes Landa–, un tercio de los votantes veracruzanos creyó en su discurso justiciero y decidió impulsarlo a la gubernatura presuponiendo que era el único de los aspirantes a la jefatura del Poder Ejecutivo que sería capaz de encarcelar al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y recuperar los miles de millones de pesos que el ex priista prófugo y “su banda” saquearon del erario estatal.
Para colmo, el flamante titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz –un abogado de origen oaxaqueño muy cercano a la familia gobernante, a quien Yunes le allanó el camino a la FGE forzando primero la renuncia del ex fiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras, que había sido electo por el Congreso local para ocupar 9 años la titularidad de este supuesto organismo constitucionalmente “autónomo”–, acaba de confirmar, en una entrevista periodística, que no se tienen los elementos jurídicos para detener a Duarte de Ochoa, tal como lo tuvo que admitir también el ex candidato de la alianza PAN-PRD.
Por ello es que transcurrido ya el primero de los 24 meses que estará en el poder, Yunes Linares ha comenzado a decepcionar a sus votantes que no ven ninguna acción penal hasta el momento en contra de los responsables de la bancarrota financiera del estado. El columnista Salvador Camarena publicó este miércoles en el diario capitalino El Financiero un texto titulado “Y lo ‘Duartitos’, apá”, en el que remacha que “entendemos que no caiga Javidú” porque infiere que “supondría un sapo difícil de tragar para demasiados políticos del PRI y de otros colores”, sin embargo cuestiona que no se haya procedido aún contra sus principales ex colaboradores, cuatro de ellos diputados federales del PRI y uno del PVEM, que han sido involucrados en las operaciones de las llamadas “empresas fantasma”.
“Bueno, con decirles que incluso ayer (martes 3) en Veracruz el nuevo Duarte, digo, el nuevo gobernador, don Miguel Ángel Yunes, hasta apapachó a (Adolfo) Mota Hernández en un evento público. Así el cambio en Veracruz”, resumió irónico Camarena.
Este caso tuvo que afrontarlo Yunes en la conferencia de prensa de este miércoles, en la que trató de aclarar que el día anterior, en la ceremonia de entrega de medicamentos que se realizó en El Lencero, saludó por respeto al diputado priista Adolfo Mota, ex secretario de Educación de Veracruz, ya que “fue invitado por ser diputado local (sic) por la zona en donde se efectuó el evento”, pero remarcó que “yo lo denuncié, no se me olvida”, y que ese saludo “no significa perdón ni olvido”, sino que “soy respetuoso de una vida regular”.
Sin embargo, a ese mismo acto oficial Yunes llegó del brazo de la diputada local del PRI, Ángela Soto Maldonado, secretaria general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Salud, a quien Juan Antonio Nemi Dib, como secretario de Salud, acusó públicamente en octubre de 2014 de encubrir una vasta red de corrupción implicada en el robo de gasolina, tráfico de plazas laborales y hasta ocultamiento de medicamentos para exhibir un supuesto desabasto en las farmacias del sector público estatal, así como el uso indebido de la infraestructura por parte del personal, lo que motivó que presentara más de 90 denuncias, algunas de tipo penal y otras administrativas ante las contralorías internas.
El político cordobés refirió, por ejemplo, que en las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba había 84 aviadores, y que el verdadero dueño del sindicato no era la dirigente formal de la Sección 26 sino su hermano Martín Soto Maldonado, que ni siquiera trabajaba en la Secretaría y el cual poseía, además de concesiones de taxi, empresas constructoras que en el pasado recibieron contratos multimillonarios de obra pública.
Nemi aseguró también que los cuatro representantes sindicales de la región de Orizaba se robaban los viáticos, pues afirmó poseer hasta números de cuenta donde realizaban esos depósitos. Además acusó que el dirigente sindical de Córdoba, Margarito Ramos, utilizaba documentos falsos para homologar y recodificar a trabajadores, y que igualmente podía comprobar el ausentismo de los hijos del líder sindical de esa misma zona. Del hospital de Oluta, en el sur del estado, dijo que la mitad del cuerpo de gobierno del centro hospitalario se debía a parentescos consanguíneos, sentimentales, políticos y no políticos del dirigente del sindicato. A la representante sindical de Cosamaloapan le atribuyó haber endosado un cheque de fondos federales ¡para pagar la fiesta de quince años de su hija! Y al dirigente sindical de Poza Rica lo involucró en la falsificación de viáticos y en el robo de miles de litros de gasolina, mientras que al líder de Xalapa le imputó el uso de documentos falsos para el cobro de viáticos, incluso a nombre de personas fallecidas. Afirmó tener declaraciones de trabajadores a quienes les hacían firmar por los llamados “gastos de camino” pero les mochaban la mitad del dinero.
Y en el caso del nuevo hospital de Boca del Río, Nemi acusó que Soto Maldonado quería quedarse con 400 contratos. El ex secretario dijo que se enteró de este asunto porque empezó a recibir denuncias de que estaban vendiendo las plazas hasta en cien mil pesos, lo que al oponerse les echó abajo un negociazo que habría sido de hasta 40 millones de pesos.
Nemi refirió también que el viernes 26 de septiembre de 2014, Ángela Soto le pidió verlo el lunes siguiente para que le financiara una comida de más de dos mil trabajadores con su dirigente nacional, lo que él no aceptó porque consideró ilegal desviar recursos destinados a la salud de los veracruzanos para patrocinar este tipo de eventos sindicales, lo que obviamente molestó a la dirigente, la cual emprendió una campaña de presión en su contra que seis días después motivó que entregara su renuncia al gobernador Javier Duarte.
¿Tampoco habrá “perdón ni olvido” para esta cacique sindical? Por supuesto que sí, ya que el padrino político de Soto es el ex senador y ex diputado federal priista Joel Ayala Almeida, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud y quien desde hace 18 años lidera la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) –donde habría acumulado una fortuna personal que en 2004 sus opositores estimaban ya en más de 15 millones de dólares– y en el que Miguel Ángel Yunes se tuvo que apoyar para que en 2009 el Congreso de la Unión aprobara su polémica ley del ISSSTE.
