El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares informó que la pasada administración de Javier Duarte de Ochoa pagó 60 millones de pesos a un pequeño grupo que este jueves cerró la presa Yuribia.
“Quiénes encabezan este movimiento han recibido los últimos dos años casi 60 millones de pesos en efectivo, en entregas mensuales de 2.5 millones de pesos que fueron puestos en manos de uno de los dirigentes”.
En conferencia de prensa, sostuvo que el grupo de ejidatarios de Tatahuicapan está encabezado por Lino González Cruz, Eloy González Bautista que es delegado de Morena y la diputada también de Morena, María del Rocío Pérez.
“El pasado gobierno cedió a la amenaza de cerrar la presa sino se entregaban estos recursos, es una forma de extorsión, de chantaje absoluto e inaceptable”.
Aseguró que estas personas fueron beneficiadas en el pasado sexenio con 2.5 millones de pesos mensuales para no cerrar la presa.
Acusó que el pasado 28 de diciembre de 2014 el Gobierno del estado firmó un convenio en el que se comprometía a no tomar medidas penales o civiles por el cierre.
“El convenio que suscribieron, representantes del gobierno de Veracruz, con los dirigentes de esa comunidad es el más claro ejemplo de como durante el gobierno de Javier Duarte no se respetó la ley”.
Asimismo comentó que ya se presentaron denuncias porque la familia de Lino González cobraba como “aviadores” en la Comisión de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos que estaba a cargo del suegro de Javier Duarte de Ochoa, Antonio Macías.
Alertó que por el cierre de las válvulas los servicios básicos de salud quedarán sin agua; hospitales no tendrán agua y las actividades industriales y comerciales se verán afectadas.
“Todo el mes de diciembre convocamos al diálogo y la negociación, funcionarios de mi gobierno sostuvieron diversas reuniones con los representantes del grupo y dejamos claro que no aportariamos recursos de esa manera”.
