La población, en calidad de rehén
La presa Yuribia, ubicada en el municipio de Tatahuicapan, sierra de Soteapan, fue construida en 1986, hace poco más de 30 años. En dicho lapso, esa instalación hidráulica ha sido tomada, bloqueada y liberada en muchas ocasiones: maestros, ejidatarios y pobladores de esa región han hecho un negocio del secuestro de esa construcción, y por ello constantemente amagan con cerrar las válvulas, sabiendo de antemano el daño que provocan a la población de 3 importantes municipios del sur, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, unas 500 mil personas.
A pesar de que en reiteradas ocasiones se han desarrollado obras de infraestructura hidráulica, como la perforación de pozos profundos en Canticas, la presa Yuribia se mantiene como la principal fuente de abastecimiento de agua para esa zona.
La construcción de la presa fue iniciada en octubre de 1984 y dos años después se efectuó la inauguración. La obra completa incluye 64 kilómetros de tubería de acero, 80 válvulas y una profundidad de más de 16 metros.
Debido a su importancia estratégica para el desarrollo de la zona petrolera del sur de Veracruz, la presa se convirtió en rehén de diversos grupos. En septiembre de 2006, por ejemplo, pobladores de Tatahuicapan de Juárez bloquearon las instalaciones y cerraron las válvulas, argumentando que el gobierno del estado no les apoyó con recursos para la construcción de obras luego de los daños causados por la tormenta tropical que afectó a su municipio en junio de ese año. En aquella ocasión, los 500 indígenas inconformes fueron encabezados por el entonces alcalde, Julián Cruz Gómez, quien alentó el bloqueo de caminos y el cierre de las válvulas de la presa.
Demandaban recursos del gobierno del estado, básicamente la rehabilitación del camino que conecta a sus comunidades con el municipio de Cosoleacaque, la introducción de agua potable, energía eléctrica y drenaje pluvial, así como recursos en efectivo.
Ocho años después, en 2014, el cierre de las válvulas dejó sin agua por más de una semana a la población de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, donde se registró un fuerte problema social por la falta de ese recurso natural.
Más de 500 mil personas fueron afectadas por esta medida de presión de los habitantes de las comunidades de Tatahuicapan, que exigieron que se les pagara por el agua que se toma de la presa para el consumo de esas tres ciudades del sur del estado.
En aquella ocasión, el problema se intensificó y subió de tono, debido a que quienes bloquearon la prensa fueron desalojados y, ante ello, resolvieron boicotear el suministro de agua; rompieron los ductos.
En una medida desesperada, hasta irracional, los vándalos de Tatahuicapan amagaron con dinamitar las instalaciones.
En 2014, las citadas medidas de presión lograron su objetivo y el blandengue gobierno de Javier Duarte cedió a las exigencias del grupo que tomó la presa, acordando, entre otros puntos, entregar 2.5 millones de pesos mensuales, así como no ejercer acción penal contra quienes bloquearon esas instalaciones. Hasta aquí la historia de lo ocurrido hace poco más de dos años con relación a la presa Yuribia.
La población, en calidad de rehén
Este jueves, el grupo de ejidatarios de Tatahuicapan volvió a recurrir al chantaje y a los mismos actos vandálicos; cerró las válvulas y dejó sin agua a la población de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, con el fin de presionar al gobierno estatal para que esta instancia siga entregando los 2.5 millones de pesos que les daba la administración de Javier Duarte.
Antes, hace un par de semanas, funcionarios de la administración de Yunes Linares se trasladaron al sur del estado para establecer un diálogo con los ejidatarios de Tatahuicapan; ofrecieron obras de infraestructura y programas sociales; sin embargo, los inconformes se mantuvieron en su postura de dos millones y medio al mes o nada.
En conferencia de prensa, el ejecutivo estatal se refirió al tema y enfatizó que su gobierno no cederá a chantajes; adelantó que ya existen denuncias contra quienes encabezan el movimiento mencionado y que se aplicará la ley a los que intentan lucrar con un bien público, como lo es el agua.
Así las cosas, lo que se observa no es un movimiento genuino, de ejidatarios, para ejercer presión a fin de lograr beneficios comunes, sino a un grupo que afecta los intereses de la colectividad para sacar provecho personal, particular, en este caso dos millones y medio de pesos mensuales más los pagos que recibían de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, organismo que se encontraba, de acuerdo con las palabras del mandatario veracruzano, bajo el control del suegro del ex gobernador Duarte, Antonio Macías.
Mientras eso ocurre, medio millón de habitantes del sur veracruzano son afectados por los problemas de suministro de agua. @luisromero85
