Por asegurar que no tiene empatía para poder atender a los integrantes de los Colectivos y los más de 5 mil casos de desaparecidos durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), María Josefina Gamboa Torales, cuestionó la designación de Luis Eduardo Coronel Gamboa, como fiscal especializado en Búsqueda de Personas No Localizadas.
Dijo que a pesar de ser «un buen abogado», el funcionario, que laboró en las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos (CEDH) y de Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), no cuenta con lo necesario para hacer frente a la problemática, por lo que su trabajo debe ser evaluado cada tres meses para ver si da resultados.
«Ojalá corrijan desde el nombramiento porque me parece lamentable porque tiene expedientes rezagados desde hace más de año y medio, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhortó a la CEDH a resolverlos», manifestó en la rueda de prensa conjunta con sus compañeros de fracción.
Al anunciar que esta tarde está planeada una reunión con colectivos de búsqueda de desaparecidos, mencionó que a la misa fue invitado el fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, pero sería Coronel Gamboa el que acuda para tratar los temas que consideró, lo desacreditan para estar en el puesto.
«El asunto de Luis Eduardo Coronel es que lleva tres puestos y en ninguno ha dado resultado; estuvo en la CEAPP y nunca se comprometió; en la CEDH no hizo un trabajo relevante ni comprometido», criticó nuevamente.
Por otro lado, insistió que hay «intereses privados» por parte de taxistas y líderes camioneros que impiden la entrada de los mototaxis como nueva modalidad de transporte público rural en la entidad y por ello, diputados del PRI desistieron de respaldar su propuesta.
«Los transportistas están en desacuerdo por intereses personales porque no es algo que le afecte; hay 27 mil comunidades rurales donde las camiones no entran y los taxis abusan», comentó la legisladora por el Distrito de Veracruz.
Acusó que la iniciativa está detenida en la Comisión Permanente de Tránsito y Vialidad, por la presión que han ejercido los concesionarios de camiones y taxis.
«No se trata de un negocio para 10 buitres, se trata de darle el sustento a muchas familias, porque son 27 mil comunidades rurales; es una figura que ya existe y que debe ser regulada», refrendó.
De aprobarse, precisó, el costo de pasaje sería de 3 pesos y sólo abarcaría las zonas apartadas a las que los ruleteros o camioneros no llegan. «Espero que entren en razón porque en tribuna se adhirieron; no son taxis adaptados, sino que vienen de la fábrica y cuentan con seguros».
