Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, anunció ayer que quiere anular las fotomultas de tránsito. Por ello envió este lunes una iniciativa de ley al Congreso veracruzano para que proceda a cancelar la posibilidad de que entidades privadas operen las fotomultas. De esa manera, y si la ley es aprobada como la envió Yunes, Autotraffic –que cobró notoriedad el año pasado cuando justo en enero los chilangos supieron que esa empresa cobraría hasta 46% de cada fotomulta que impusiera en la capital–, perdería la capacidad de aplicar fotomultas en Veracruz. Una reportera preguntó ayer a Yunes si no habría que pagar a Autotraffic alguna indemnización. El gobernador contestó que no, porque “al momento en que apruebe esta reforma a la ley, el contrato queda sin materia”. Bienvenidos al trumpismo tropical. Dos abogados me explican que lo que dice Yunes es cuestionable. Por supuesto que habría que revisar el contrato de Autotraffic –que por cierto cobra en Veracruz la barbaridad de 315 pesos por multa aplicada– para saber las cláusulas específicas en que fue pactado, y el procedimiento mediante el cual puede ser revocada la concesión. Sin embargo, lo que llamó la atención de los abogados a los que consulté es el mensaje que Yunes envía: bye bye seguridad jurídica. Una empresa recibe un contrato, hace una inversión, comienza a operar, pero al llegar otro gobernante manda un cambio a la ley y adiós al contrato. Yunes dijo en rueda de prensa que eso de las fotomultas seguro era otro de los negocios del fugado Javier Duarte. Eso, por supuesto, no se puede descartar. Como tampoco se puede descartar la probabilidad de que ese contrato abuse de los veracruzanos, a los que exprimía; exprimía porque en un gesto preelectoral Duarte anunció antes de las elecciones del año pasado que quedaban suspendidas las fotomultas. Por impopular que sea Autotraffic, por abusivo que a todas luces parezca el monto que cobraban por cada multa, la manera correcta de reconstruir una entidad como Veracruz es con procedimientos apegados a la ley y al espíritu de la ley, no con desplantes. Porque el caso de Autotraffic es sólo el último botón de muestra del estilo trumpesco al que recurre Yunes. El fin de semana, al contestar una crítica de Andrés Manuel López Obrador, Yunes insistió en que “antes de tomar posesión recuperé más de mil doscientos millones de pesos que estaban en la bolsa de sus cómplices”. Junto con la Procuraduría General de la República de Raúl Cervantes, Yunes vive en otra época, en una donde a los mexicanos no había que informar. Nos dice que recuperó 1,200 millones de pesos de los “cómplices” de Duarte, pero ni él ni Cervantes explican a cambio de qué, mediante qué procedimiento legal, fundados en qué negociación, etcétera, se habría recuperado ese dinero. Duarte es un pillo, qué duda cabe, pero México no necesita vengadores. Sin embargo, parece que a Yunes no le interesa siquiera guardar las formas. Compruébenlo con esta entrevista de Carlos Loret de Mola, realizada el 23 de diciembre en el canal 2. En esa conversación, con total desparpajo, Yunes cuenta cómo “logró” que José Juan Janeiro y Moisés Mansur confesaran sus negocios con Duarte. Al primero lo emboscó, al segundo lo amenazó. Y pactó, así lo reconoce, impunidad para familiares de ambos. Yunes es sólo gobernador de Veracruz. No es fiscal ni juez ni legislador. Y sin embargo desde Autotraffic hasta el caso Duarte, hay motivos para preocuparse por su manera de gobernar, para cuestionar ese particular estilo, que remite forzosamente al erosionador trumpismo. (Fuente: El Financiero, “La Feria”, Salvador Camarena, 17/ENE/2017).
