En medio del escándalo, ayer se dio un paso necesario para poner en claro el caso de las quimioterapias falsas que presuntamente recibieron niños del Estado.
Mediante tres mensajes que divulgó por la tarde a través de su cuenta de Twitter, el Secretario de Salud del Gobierno federal, José Narro Robles, dijo que sobre la denuncia del caso, envió personal especializado para iniciar la investigación correspondiente.
Agregó que instruyó a personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a que investigue a profundidad, con base técnica y científica, las posibles irregularidades sanitarias.
Informó que la dependencia a su cargo hará una investigación a fondo en el ámbito de sus atribuciones, que contribuya a esclarecer los hechos.
Aunque tienen que ver con lo mismo, creo que son temas aparte los presumibles actos de corrupción en que cayeron exfuncionarios de la pasada administración y la afectación en humanos que pudo haber tenido el uso indebido de medicamentos oncológicos presuntamente clonados.
Ayer me llamó la atención la declaración que hizo el exSecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, a la compañera Ángeles González Ceballos, del portal alcalorpolitico.com. Según él, lo del presunto uso de los medicamentos clonados tuvo lugar en 2010, lo que correspondería todavía al gobierno de Fidel Herrera Beltrán, cuando el Secretario de Salud era Luis Fernando Antiga Tinoco, quien el 30 de enero de ese año había sustituido a Manuel Lila de Arce, quien a su vez había renunciado para aspirar a un cargo político.
Pero además, precisó que no se trató de casos de niños, sino que fue uno y tuvo que ver con una mujer, a la que no se le aplicó “porque la gente del hospital se dio cuenta de que el medicamento se veía irregular y entonces lo enviaron al laboratorio, a Roché, empresa que dijo ‘este producto no es nuestro y no tiene principio activo’”.
Por lo que dijo, se supone que Nemi se enteró del caso cuatro años después, cuando llegó al cargo en el gobierno de Javier Duarte, y al solicitar el expediente respectivo se lo negaron con el pretexto de que la Contraloría General (su titular en 2010 era Clara Luz Prieto Villegas) tenía hecha una investigación y estaban por resolver si había responsabilidades penales o administrativas.
Habrá que precisar, pues, realmente qué alcance tuvo el presunto uso de ese presunto medicamento clonado, y de ahí la importancia de que haya decidido intervenir la Secretaría de Salud federal para ahondar en el caso, con base técnica y científica, y poner las cosas en claro.
Al respecto, un comunicado oficial del Gobierno del Estado estableció ayer lo siguiente:
“De la revisión documental que se ha podido rescatar, se tiene evidencia que desde 2010 la Secretaría de Salud tuvo conocimiento y estuvo adquiriendo medicamentos con posibles alteraciones o que no contenían los principios activos propios de medicamentos oncológicos tal y como lo acreditaron los laboratorios Roché, propietarios de la patente y fabricantes del producto original.
Dentro de las acciones realizadas por la actual administración se estableció contacto con las autoridades de la Secretaría de Salud Federal, a efecto de ser auxiliados, en particular por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para iniciar de manera conjunta:
La revisión de las empresas Sociedad Comercializadora Especialidades Médicas S.A de C.V., Oncopharma S.A. de C.V., LABBSA S.A. de C.V., Suministro MAXBEC S.A. de C.V., y LIDMED S.A. de C.V. relacionadas con los hechos presentados desde 2010.
La Secretaría de Salud y la Contraloría General del Estado se encuentran en proceso de rescatar documentos y poder conocer la magnitud de estos eventos. Se tiene conocimiento que la mayor parte de los documentos fueron destruidos”.
Habría sido, pues, por petición de la administración estatal que ha intervenido la SSA federal, y mientras se tiene un dictamen concluyente, ayer en Coatzacoalcos el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hizo un llamado a no generar una situación de sicosis o de preocupación entre los enfermos o sus familiares, porque, dijo no es un tema que esté vigente. “De ninguna manera debe haber preocupación entre los enfermos y sus familiares”.
El llamado me parece también oportuno porque si ya los enfermos y sus familiares viven en una situación de angustia por el grave padecimiento, es irresponsable agregarles una carga más como la incertidumbre de que pudieron haber sido tratados con medicamentos clonados.
En ese sentido, debe ser también reconfortante para ellos que el gobierno estatal haya pedido a la SSA federal la verificación de los insumos médicos que se están proporcionando ahora para asegurar la calidad, confiabilidad y efectividad de los mismos.
Todo lo anterior, sin que ello interfiera ni inhiba la investigación que se debe realizar, también a fondo, para determinar el grado de responsabilidad que tuvieron los funcionarios que participaron en la irregularidad y aplicar las sanciones que se merezcan, sin ninguna contemplación porque de por medio estuvo la salud y la vida de muchas personas.
Al respecto, por todo lo que ha venido diciendo, no estaría mal que se llamara a comparecer a Nemi Dib para que aportara las pruebas que tenga sobre las denuncias que ha hecho, incluso para determinar si el anterior fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, encubrió anomalías y a exfuncionarios.
En 2012 comenté en “Prosa aprisa” que el entonces todavía Secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, me había platicado durante un desayuno que al llegar al cargo se había encontrado con que en el Hospital Regional de Veracruz estaban haciendo un gran negocio con la entrega de alimentos, pues una mujer que tenía concesionado el servicio y que se decía protegida de Fidel Herrera Beltrán cobraba 5 millones de pesos mensuales cuando al hacerse una auditoría y cuantificar el costo real de los productos estos apenas sumaban 1.5 millones, o sea que prácticamente se robaban 3.5 millones de pesos. Él acabó con ese negocio y no tardó en que lo quitaran del cargo.
Sobre el caso de las empresas investigadas por los medicamentos oncológicos presuntamente clonados, el diputado federal Jorge Carvallo Delfín, a quien se ha querido involucrar con una de ellas pues los dueños (de apellido Beceiro) son presuntamente sus familiares, reconoce que los conoce pero niega categóricamente tener vínculos o interés alguno con ellos y sus empresas
Mediante tuits dijo: “Por el contrario, encabezaré la lucha por llevar a los responsables ante la justicia, sea quienes sean. Lo que hicieron con los niños veracruzanos es un crimen deleznable, atroz, que no puede quedar impune”.
Según algunos allegados suyos, los Beceiro de Xalapa se entendieron directamente con Fidel Herrera con quien presuntamente eran socios. La investigación que se realiza seguramente pondrá en claro todo.
En medio de tanto bullicio mediático, lo que sigue sorprendiendo es que no obstante tantos señalamientos en contra de Javier Duarte “y su banda” hasta ahora no hay un solo detenido y menos castigado y todos los duartistas andan libres y gozan de impunidad y de las riquezas que obtuvieron.
El nuevo fiscal, Jorge Winckler Ortiz, que dizque se comía la caca a puños, hasta ahora no ha dado color. Los veracruzanos están pendientes de su actuación. Quieren ver si como ronca duerme.
