Es probable que la empresa OHL tenga permisos de la Federación para la construcción de hidroeléctricas y minería a cielo abierto en el estado, señaló el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Antonio González Azuara, pues las autorizaciones se dan a nivel central en la Ciudad de México, sin avisársele.
“Gran parte de estas solicitudes se evalúan a nivel central e incluso hemos rechazado algunas por no cumplir con los requisitos legales o por querer presentar una Manifestación de Impacto Ambiental particular cuando se quieren hacer cuatro o cinco proyectos”, manifestó en entrevista.
Previo a la primera sesión extraordinaria del Comité Estatal de Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego en la Gerencia Estatal de la Conafor, enumeró que la Semarnat ha aprobado diez proyectos y están pendientes de evaluarse al menos cuatro más para la construcción de plantas hidroeléctricas en el estado, aprobados en la capital del país.
Sánchez Azuara abundó que la dependencia tiene registradas autorizaciones desde 2009 pero que estas son para la construcción de minihidroeléctricas en la cuenca del río Filobobos.
“De la empresa OHL nosotros no tenemos ningún ingreso, hemos dicho que hay autorizaciones que vienen desde el 2009 y que son autorizaciones para minihidroeléctricas que salieron en la administración pasada”, reiteró.
A pesar de que el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) afirmó que esta empresa española ya trabaja en proyectos mineros e hidroeléctricos, refrendó que no tiene conocimiento al respecto, aunque reveló que la delegación ha dado permiso a otra empresa minera para trabajos de exploración.
“Hemos estado en diálogo con la organización sobre el tema de minería. Hemos sido muy cuidadosos para ir entregando solamente las autorizaciones que correspondan a la delegación”, mencionó el funcionario federal.
Finalmente explicó que las consultas públicas con los habitantes de las zonas en donde se esperan llevar a cabo estos proyectos, sólo se realizan si ellos la piden. “Implica la revisión de la documentación, de los permisos y si concluye ese proceso, pueden solicitar la reunión pública”.
