Contrario a lo dicho en anteriores ocasiones por el mandatario estatal de que se haría a 30 años, la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública de Veracruz que propuso Miguel Ángel Yunes Linares al Congreso del Estado, se haría a 50 años, ampliando así el plazo para cumplir los compromisos con los acreedores.
Asimismo, prevé que se le autorice llevar a cabo operaciones de endeudamiento pagaderas en un plazo máximo de 50 años, por lo que el pasivo lejos de disminuir podría mantenerse o aumentar en caso de tramitarse nuevos empréstitos.
Los plazos correrían a partir de la fecha en que se suscriban los contratos o se emitan los títulos respectivos, incluyendo los años de gracia para el pago de capital que en cada caso se convenga.
Yunes Linares pide a los diputados su aval para que a través de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Clementina Guerrero, se celebre una o varias operaciones de endeudamiento, en los términos del Libro Quinto del Código Financiero para el Estado, aclarando que los recursos obtenidos por medio de las operaciones autorizadas «será únicamente la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública».
Lo anterior será posible, según él, mediante el pago anticipado o mediante la modificación de los términos y condiciones de los contratos de crédito o de los títulos que se encuentren vigentes, así como para el pago de proveedores de servicio, la creación de fondos de reserva, el pago de penalidades por pago anticipado y la contratación de títulos o mecanismos de cobertura, entre otros gastos conexos de los financiamientos.
El titular del Ejecutivo veracruzano precisa en su iniciativa que todas las autorizaciones contenidas en el decreto estarán vigentes durante los ejercicios fiscales correspondientes al 2017 y 2018, los que corresponde a su periodo gubernamental.
Para la reestructuración o refinanciamiento por hasta 42 mil millones de pesos, podrán realizarse el número de operaciones que resulten pertinentes por medio de la emisión de títulos o de la suscripción de contratos de crédito con las entidades del sistema financiero mexicano o personas morales mexicanas, monto que no incluye los gastos conexos de los financiamientos, por lo que podrán sumarse al monto autorizado.
En dos etapas se haría el proceso, la primera buscará reestructurar los financiamientos para eliminar o modificar cláusulas de penalidades que han sido violentadas o que están a punto de violentarse en los primeros meses de 2017 y la segunda, se enfocaría a la reestructuración o refinanciamiento de los créditos o emisiones bursátiles que están sobreaforadas o sobregarantizadas o con tasas innecesariamente más altas que las del mercado financiero.
Miguel Ángel Yunes asegura que con ello se podrá mejorar la calificación de crédito de la entidad, lo que permitirá reestructurar o refinanciar los adeudos financieros de manera integral, para mejorar el perfil crediticio de la entidad de manera sostenible.
En la exposición de motivos, abunda que el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, Veracruz tiene 21 obligaciones financieras constitutivas de deuda pública con un plazo promedio de 226 meses, que hasta el 30 de septiembre del 2016 registraban saldos pendientes cuya suma total ascendía a la cantidad de 41 mil 529 millones 580 mil 201 pesos.
