La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez señaló que eventualmente existe una vulneración al derecho a la seguridad jurídica de los empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz, al pedirles la institución vestir “con decoro” como lo marca el protocolo de las oficinas, a través del oficio SEV/OM/DSG-0136/2017.
“En principio habría que saber si existe algún protocolo y cuál es el contenido, porque de no existir y de no conocerlo los empleados de esta dependencia, evidentemente estaríamos en presencia de una probable vulneración al derecho a la seguridad jurídica. Todos los organismos protectores de derechos humanos nacionales e internacionales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que los derechos no pueden ser restringidos a través de actos administrativos o sentencias judiciales, sólo a través de actos del poder legislativo, debidamente sancionados, promulgados y publicados por el poder ejecutivo”.
Asimismo, Matzumoto Benítez, refiriéndose al caso, dijo que existe también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual tutela un espacio de libertad e intimidad individual, de modo que la persona pueda desenvolverse y ejercer sus derechos de acuerdo a sus propias metas, objetivos y fines, sin que sea lícito que el Estado le imponga estándares de corrección o de virtud, pues estaría sustituyendo las metas que son relevantes para cada persona con la agenda política del Estado.
Del mismo modo, habló acerca del derecho a la igualdad, el cual exige que todas las personas sean tratadas con el mismo respeto y dignidad, sin que haya lugar para dar privilegios a un grupo por considerarlo superior, en este sentido dijo que el hecho de que la circular de la SEV imponga estándares de decoro, orden y de virtud, lesiona el libre desarrollo de la personalidad y a la seguridad jurídica del personal que ahí labora.
Entrevistada por Versiones, la Presidenta de la Comisión manifestó que el oficio de la SEV al mencionar particularmente al sexo femenino, también habría una probable violencia institucional en contra de las mujeres y lamentó que todavía prevalezcan las actitudes basadas en estereotipos de género, por ello aseguró que la Comisión trabaja para derribarlos a través de la difusión del conocimiento, buscando una igualdad sustancial y material.
“Si este documento establece una restricción y hace énfasis específicamente en las mujeres, eventualmente , no lo estoy asegurando, si estaríamos frente a una violencia institucional de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se refiere a actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, resultado de prejuicios de género, patrones estereotipados de comportamiento o prácticas sociales basadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los hombres, que discriminen con el fin de obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos”.
En este sentido, confirmó que hay una recomendación mixta por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por un trato diferenciado pero no relacionado con el sexo de las personas en dos dependencias, una dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra a un Ayuntamiento, en el que fue necesario realizar un análisis desde la perspectiva de género.
Exhortó a las mujeres y a las personas en general, a acercarse a la Comisión en caso de considerar que alguna autoridad haya vulnerado sus derechos humanos.
Agregó que de acreditarse que hay una acción u omisión que vulneró un derecho humano, la CEDH emitirá la recomendación a la autoridad competente para que corrija esos actos y de ser necesario y se alcanza todo el material probatorio que determine algún tipo de responsabilidad administrativa, se le sugerirá a la institución que inicie un procedimiento sancionatorio administrativo.
“Si eventualmente ese acto constituyera delito será competencia de la Fiscalía General del Estado, y algo que es importante es que regularmente introducimos a la recomendación que capaciten a los servidores públicos para que conozcan cual es el alcance o contenido de los derechos humanos y de esta manera eviten con sus acciones u omisiones vulnerar alguno de ellos”.
