El diputado local Zenyazen Roberto Escobar García, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para que se modifique el párrafo cuarto del artículo 53 y segundo párrafo del noveno transitorio, y se derogue el octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a fin de revertir el despido de maestros que no aprueben la evaluación.
En tribuna, el legislador del izquierda afirmó que el referido apartado legal sostiene que en caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.
Según él, lo que genera este párrafo, es un estado indiscutible de zozobra, incertidumbre y violencia laboral, que impide a los maestros un enfoque directo a la actividad formativa a la que se dedican, por lo que se violentas sus derechos humanos y garantías constitucionales.
Escobar García añadió que la advertencia hace que los profesores no tengan certeza legal de que pasará con todo aquel que no cuente con un resultado suficiente, manifestando su temor, por no saber cuál será el instrumento jurídico que los asista, con que normatividad serán juzgados o será un acto de discreción que permitirá de alguna manera generar preferencias o favoritismos a ciertos sectores del gremio.
“Cuando se menciona que el trabajo deberán de existir condiciones satisfactorias, es claro que la redacción del artículo 53 en poco o nada se apega a este postulado, ya que al señalar la posibilidad de un cese inmediato por una evaluación fallida, genera entonces inseguridad, incertidumbre, temor pero sobre todo una total y completa insatisfacción”, reiteró en sus palabras.
Lo más alarmante de la redacción actual del párrafo cuarto de ese apartado normativo, refrendó, es que motiva el desempleo, al señalar que se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad.
Al dirigirse a sus homólogos, insistió que no se está en contra de la evaluación y del constante mejoramiento del sistema educativo nacional, de lo que sí se está en contra y se subraya es de toda aquella medida que atente con la estabilidad laboral, que dé pie a la incertidumbre legal, pero sobre todo a una estrategia franca y abierta que propicia el desempleo.
“Lo que aquí se propone, no es contrariar los criterios que orientan constitucionalmente la educación en nuestro país, no y nunca se ha pedido, lo que se pide y con justa razón es que se les respete a los maestros todos los derechos adquiridos y que no se ponga entredicho su permanencia en el sistema educativo”, puntualizó.
