A fin de que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) posea la capacidad de tomar las decisiones que beneficien a su comunidad estudiantil y la fortalezcan como institución, la Bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso Local, presentó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley que la creó.
Con ello, la UPAV pasaría a ser un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica, presupuestal y de gestión, para el cumplimiento de sus fines y atribuciones.
En tribuna, la diputada Luisa Angela Soto Maldonado, dijo que la UPAV actualmente tiene presencia en 190 municipios del estado, ofreciendo 42 programas de licenciatura, 17 posgrados y bachillerato con diferentes modalidades: unitario, mixto, en línea y examen único.
Esta institución, según ella, brinda educación a las personas que no pueden trasladarse a un campus de la Universidad Veracruzana (UV) y a la vez representa una oportunidad para los aspirantes rechazados por ella. Desde el 2011, añadió, la UPAV ha apoyado a los estudiantes rechazados en su deseo por ser profesionistas u obtener un posgrado en su área.
Sin embargo, lamentó que debido a su funcionamiento como un organismo público descentralizado y su dependencia respecto al Ejecutivo del Estado, no han podido cumplimentarse a cabalidad los fines encomendados a toda institución de educación universitaria: la autonomía para elaborar sus programas de estudio, la libertad de cátedra y el franco manejo financiero.
“Es necesario que gradualmente se le otorgue a la Universidad la autonomía para que cuente con el derecho de dictar su propio régimen interno, administrarse a sí misma, y con ello logre su objetivo primordial que es la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura”, precisó Soto Maldonado.
Refrendó que resulta indispensable que se le permita organizarse, funcionar y aplicar sus recursos económicos como estime conveniente y con las medidas de control que resulten aplicables.
Para que logre la autonomía técnica, presupuestal y de gestión, se estima necesario establecer que sea la Junta de Gobierno la que elija a las autoridades universitarias y así poder designar a los miembros que coadyuven al desarrollo de la misma.
“Al dotarla de esta autonomía, se vuelve inevitable establecer un órgano que supervise su actuar en los ámbitos administrativo y financiero, por lo que se propone la creación de una Contraloría Universitaria, que fungirá como órgano de control interno, realizando la función de supervisar la adecuada inversión de los recursos, así como el desempeño administrativo de sus funcionarios”, abundó la priista.
