La detención el viernes pasado del ex secretario de Seguridad Pública del duartismo, Arturo Bermúdez Zurita, representa claramente la prueba de fuego para el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y su promesa de castigo a los depredadores del erario que hundieron a Veracruz.
Y esto es así porque si no logra mantenerlo en prisión para llevarlo ante un juez, el descrédito sería mayúsculo, así como la certeza de que ninguno de los miembros de la pandilla duartista responderá realmente por lo que le hicieron al estado el sexenio pasado.
Los temores son fundados. Los delitos que se le imputaron a Arturo Bermúdez al momento de su detención, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad, no son considerados graves, amén de que cuenta ya con un amparo contra los dos últimos. Por esa razón, la posibilidad de que un juez le conceda al ex funcionario la libertad bajo caución en las próximas horas es real, a menos de que le agreguen delitos de mayor gravedad a su expediente.
Tela de dónde cortar, hay muchísima. Arturo Bermúdez Zurita es uno de los personajes más siniestros que ha pasado por la política en el estado de Veracruz, y sobre él pesan señalamientos que bien podrían integrarse a la carpeta de investigación que se le abrió una vez que fue vinculado a proceso.
El más grave de los delitos que se le atribuyen a Bermúdez es el de desaparición forzada, particularmente por el caso de los jóvenes que hace poco más de un año fueron secuestrados por policías estatales en la ciudad de Tierra Blanca y posteriormente entregados a un capo de la delincuencia organizada, que los asesinó y desapareció sus restos, según la versión oficial de los gobiernos estatal y federal.
Bermúdez era el superior de ésos y de todos los demás policías que durante el sexenio duartista asolaron Veracruz en complicidad con la delincuencia organizada, cuya colusión fue documentada a lo largo de los últimos años por distintos organismos civiles.
A Arturo Bermúdez también le resulta responsabilidad, al menos por omisión y en consecuencia configurando el delito de incumplimiento de un deber legal, por la desaparición de más de seis mil personas en el estado, cifra que admitió la Fiscalía General del Estado y que representa un crimen de lesa humanidad que es quizá el más grave de todos los que se cometieron durante el horror del duartismo.
Otro caso es el del cantante Gibrán Martiz, quien el 11 de enero de 2014 fue secuestrado en su domicilio por policías estatales y días después apareció muerto, con señales de tortura, en un paraje cercano al puerto de Veracruz, tras una riña en un bar con un familiar del propio Arturo Bermúdez, tal como lo denunció el padre de la víctima, Efraín Martiz, quien tuvo que exiliarse del país por las amenazas de muerte que recibió por ese motivo.
Esos son unos cuantos botones de muestra de las cuentas pendientes de Arturo Bermúdez con la justicia, además de su ostensible enriquecimiento. Pero perverso como es, sabe que un error en el procedimiento que signifique una violación al debido proceso podría significarle su libertad inmediata. Así que la filtración de la fotografía que le fue tomada al momento de ser fichado en el penal de Pacho Viejo, portando el chaleco naranja de los internos, no fue casual, sino con toda la intención de victimizarlo para que un juez lo deje libre.
El gobierno de Miguel Ángel Yunes no puede darse ese lujo.
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