El desalojo de más de 80 familias de la colonia irregular Lomas de Tarimoya (mejor conocida como Ana Carreto) terminó en entrenamiento entre los colonos y elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
A pedradas, los molestos habitantes trataron de frenar a los efectivos policiacos, quienes en respuesta se defendieron con toletes y escudos.
Todo inició la mañana de este martes, cuando a los vecinos les llegó la notificación de que tenían que retirarse de sus domicilios o se haría uso de la fuerza pública. Los policías estatales rodearon las principales calles y avenidas para prevenir que la situación se saliera de control.
La orden de desalojo fue ordenada por el Juez Cuarto de Primera Instancia, aseguró el actuario Faustino Cabañas Miranda; en posesión de un documento, esta persona avaló la orden de expulsión de las familias que habitan un terreno de más de 2 hectáreas.
“Son cerca de 90 casas, como parte de una diligencia de desalojo ordenada por el Juez Cuarto de Primera Instancia, esto derivado de un juicio y el expediente lo tienen en resguardo, ahorita te muestro la copia; es una parte del predio Tarimoya”, refirió en entrevista.
Entre empujones y mentadas de madre, ciudadanos accedieron a que un promedio de 7 casas fuesen desalojadas, sin embargo, el resto se negó rotundamente.
A decir de la señora Ana María Carreto Sánchez, representante de los colonos, se trata de un problema que se arrastra desde el año 2001, cuando también se les quiso expulsar de la zona, no obstante se negaron. Dijo que aquella ocasión, ella fue a parar a la cárcel durante tres años por no permitir el desalojo.
Argumentó que tras pagar con cárcel, y al paso de los años, alrededor del 2006, el documento perdió vigencia.
“Están violando porque ya la prescripción del desalojo ya pasó y yo fui a la cárcel y pagué mi delito, por toda esta comunidad. Nada más fíjese que eso fue en el 2001 y estamos en el 2017”.
Aseveró que al reabrirse el caso, se registraron los hechos de este día, por órdenes de una persona de nombre Francisco Pineda, quien se adjudica la propiedad de los terrenos.
“Mi gente está tranquila, nosotros lo que queremos que mande alguien el gobernador a ver este caso, que venga él”, manifestó.
Fue en una de las calles de terracería donde se suscitó el enfrentamiento. Los habitantes lanzaron rocas, palos y fierros a los efectivos antimotines. Estos últimos respondieron la acción aprehendiendo a algunos de los agresores.
Al momento la situación se torna tensa, pues se han registrado por lo menos 2 hechos violentos.
