En la estrategia de reestructuración y saneamiento de las finanzas públicas estatales, el Poder Ejecutivo del Estado debe brindar atención preferente a los programas sociales y de infraestructura, así como a las obligaciones de pago a los ayuntamientos y a las cámaras empresariales, manifestó el diputado local del PRI por el Distrito de Perote, Carlos Morales Guevara.
A nombre de su Grupo Legislativo, Morales Guevara presentó un anteproyecto de punto de acuerdo durante la primera sesión de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura del Estado, en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que en la reestructuración de la deuda pública se establezca como prioridad el pago de las obligaciones que se tengan con los ayuntamientos, las cámaras empresariales, así como en el desarrollo de infraestructura y en los programas sociales, por ser justo los temas más sensibles y en los cuales es notoria la emergencia financiera.
Expuso que en la iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo para que se le autorice la reestructuración o refinanciación de la deuda pública de Veracruz, el alto nivel de endeudamiento del estado, por cerca de 42 mil millones de pesos, pone en riesgo la prestación de los servicios públicos y la operación de los programas sociales que debe solventar el Gobierno.
Sin embargo, la totalidad del pasivo del estado en términos financieros es mayor, pues además de la cantidad ya apuntada habría que añadir los fondos federales que no fueron depositados por la Secretaría de Finanzas y Planeación a los ayuntamientos, así como los pagos a diversas cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil que siguen pendientes de ser cubiertos, lo que aumentaría la complejidad económica del estado y la necesidad de acciones apremiantes, refirió Carlos Morales.
El Legislador afirmó que la emergencia financiera no se traduce únicamente en un problema del Gobierno del Estado, sino de la sociedad en general, que ve afectada la liquidez, la capacidad de inversión y de pago de los agentes involucrados, debido al incumplimiento que existe no sólo a dependencias y organismos gubernamentales, sino a los ayuntamientos, a cámaras y organismos empresariales que han prestado legítimamente sus servicios.
“En el caso de los ayuntamientos, se ha reiterado el complejo escenario que tienen para generar obra pública y desempeñar eficazmente sus funciones, debido al incumplimiento y retraso en el pago de los diversos recursos federales que legalmente les corresponden. Son, como muchas veces se ha dicho, la primera autoridad con la que tienen contacto los ciudadanos y no es justo que la emergencia financiera alcance a los habitantes de los municipios en sus necesidades prioritarias.
“De igual modo, la crisis de las finanzas estatales se refleja en sectores productivos de la sociedad, como lo son los empresarios, que depositaron su confianza en el Gobierno del Estado para colaborar en diversas acciones que requerían el profesionalismo, la especialización y experiencia con la que ellos cuentan, y que al no recibir los pagos que debidamente puedan acreditar, no pueden seguir generando sus actividades que deriven en desarrollo económico y creación de empleos. Existe un verdadero sector empresarial que se encuentra padeciendo la dificultad financiera actual, y al cual tenemos la obligación y deber de atender”, aseveró el también Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.
Destacó que no se trata de anteponer intereses de grupo o sólo pensar en la viabilidad que pudiera otorgarse a una administración, sino de las necesidades reales del estado. “Si se autorizan medidas extraordinarias para atender la crisis económica de la entidad, no debemos olvidar que los problemas más urgentes empiezan desde lo más cercano, y a ellos deberán dirigirse los recursos que las medidas de saneamiento generen”, finalizó el diputado Carlos Morales.
