La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli Garcia Álvarez, reconoció que será muy difícil cumplir con las nuevas obligaciones que les imponen las Leyes Generales en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pues para ello se requieren recursos con los que el organismo no cuenta.
Al ser cuestionada sobre la obligación de implementar políticas públicas en favor de los grupos vulnerables en sus respectivos sitios de transparencia, como lo son un software que ayude a personas con cualquier tipo de discapacidad, traducciones a lenguas indígenas de los procesos y además, protocolos que impidan la discriminación de las mujeres en el acceso a la información; reiteró que les será difícil sin dinero suficientes.
«La Ley General no está imponiendo no sólo que uses un lenguaje más abierto e incluyente, sino que permitas que personas con capacidades diferentes también tengan acceso, eso implicaría manejar lenguas indígenas, lenguaje braille, dispositivos especiales para personas que no pueden ver, en donde la computadora le lea, y todo ello implica recursos», puntualizó.
En la entrevista, García Álvarez ejemplificó que de la traducción al Náhuatl de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, que le pidieron a la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (Aveli), tiene un costo de 300 mil pesos, a lo que se suma el tiempo de hasta un año que tarda hacerlo.
«Esto porque tiene un grado de complejidad muy amplio, maneja muchos tecnicismos que en el Náhuatl no existe, entonces quien traduce tiene que cambiar esos tecnicismos para intentar que los indígenas entiendan», puntualizó.
En el caso de la traducción al braille, abundó, puede requerirles más de 200 mil pesos para obtener dos ejemplares y en el caso de un programa que le lea a los invidentes proceso para solicitar una información, puede superar los 250 mil pesos.
La titular del IVAI dijo que ante la falta de recursos por parte de los órganos garantes, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el que trabaja en el incluir en la Plataforma Nacional de Transparencia, dichas herramientas para hacerla accesible a las personas con alguna discapacidad.
«El punto que tenemos que ver es que cada sujeto obligado tuviera la posibilidad y lo tuviera en sus propias páginas, lo cual veo muy complicado por el tema de recursos»reafirmó.
Yolli García mencionó que el próximo 6 de marzo, cuando acudan al Congreso para exponer el presupuesto 2017, defenderán la necesidad de que les ajusten la partida a los 62 millones 850 mil pesos que contemplaron para el presente ejercicio fiscal y no les dejen los 40 millones 280 mil pesos, aprobados en el Decreto de Egresos del Estado.
«Tenemos elementos para defenderlo, primero porque tenemos más obligaciones que nos dio la Ley General de Transparencia, hoy la Ley General de Datos Personales nos da más obligaciones y no tenemos recursos, tenemos temas como estos que no podemos realizar por falta de recursos», manifestó.
