Los órganos garantes nacional y locales y los sujetos obligados en el país tendrán que implementar políticas públicas en favor de los grupos vulnerables en sus respectivos sitios de transparencia, como lo son un software que ayude a personas con cualquier tipo de discapacidad, traducciones a lenguas indígenas de los procesos y además, protocolos que impidan la discriminación de las mujeres en el acceso a la información.
Al señalar lo anterior, la comisionada del Instituto Duranguese de Acceso a la Información Pública (IDAIP) e integrante del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), María Lourdes López Salas, apuntó que por ahora se encuentran realizando un diagnostico para determinar la situación actual de la problemática que enfrentan las poblaciones minoritarias.
«Estamos haciendo un diagnóstico para saber cuáles son las condiciones de accesibilidad en el país en materia de transparencia, estamos en proceso de realización», mencionó en la entrevista al decir que en el mes de mayo deberá estar concluido.
«La ley señala la no discriminación que nosotros como órganos garantes en el país debemos vigilar que se cumpla, lo estamos realizando de manera progresiva, no podemos iniciar acciones de manera inmediata porque todavía se lleva un proceso», explicó.
López Salas destacó que muchos estados ya cuentan con acciones concretas a favor de estos grupos, citando el caso de Veracruz que hizo la traducción a lenguas indígenas del proceso para solicitar información pública a los sujetos obligados en la entidad.
«Estamos entrando a una nueva era en el manejo de la transparencia y acceso a la información en favor de los grupos vulnerables (…) en el SNT se emitieron unos criterios para que todos los sujetos los pudiéramos aplicar, uno de esos es el criterio de accesibilidad y vienen las acciones que debemos realizar en esta materia», reiteró.
Reconoció que hay una tarea muy importante que hacer de manera coordinada con las instancias dedicadas a proteger a las minorías como son los institutos de las mujeres, indigenistas, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos, para que los grupos vulnerables sean incluidos en sus diferentes políticas.
Finalmente expuso que cada estado de la República y en general, dentro de las mismas entidades federativas, hay realidades muy distintas que impiden determinar cuál de estos sectores es el más afectado en el acceso a la información y transparencia; de allí la importancia del diagnostico que están llevando a cabo.
