A nadie deberá extrañar que, a pesar de la exigencia ciudadana, el Senado haya incumplido el plazo fijado por sus órganos de gobierno para elegir al primer fiscal especializado de combate a la corrupción, con lo cual retrasa la operación plena del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), diseñado para castigar los abusos de servidores públicos y complicidades ciudadanas.
El efecto inmediato del alza en los precios de la gasolina, durante las primeras semanas de enero, aumentó la demanda ciudadana de poner fin a los actos de corrupción en los tres niveles de gobierno e incluso hubo ofrecimientos de recortes presupuestales y disminución de prestaciones de la alta burocracia; sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción todavía no puede operar.
Aprobado por el pleno el pasado 6 de diciembre, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado para la elección del llamado fiscal anticorrupción establece que el 15 de febrero es la fecha límite para que las comisiones unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana presentaran el listado de los candidatos elegibles a esa posición; sin embargo, a sólo 48 horas de que venza el plazo, no existe trabajo legislativo alguno en torno a ese nombramiento.
