En estos tiempos de inconformidad, de protestas por tantas injusticias de las que somos blanco la sociedad en general, no se ve muy bien que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice avalar el uso de la fuerza pública en el Estado de México, sin importar que viole los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión, por la indefinición de concepto que permiten la actuación de las autoridades para controlar multitudes”, así como autorizar su uso arbitrario para imponer el orden y la paz social, con la posibilidad de autorizar el empleo de armas letales de los cuerpos policiacos en manifestaciones populares.
De acuerdo con el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de Derechos Humanos del Estado de México y diputados del Congreso mexiquense, el documento propone dejar abierta la posibilidad de que los discursos y/o expresiones políticas sean consideradas ilegítimas, lo que daría lugar a que la autoridad autorizara el uso de la fuerza en su contra.
El documento, que está listado para ser discutido en los próximos días, plantea dejar al arbitrio de la autoridad mexiquense determinar cuándo una manifestación es ilegal, lo que, según la CNDH, permite la calificación de peligrosidad con un criterio libre y ampliamente discrecional, lo que genera incertidumbre.
