La revisión del financiamiento público que en 2012, entregó el INE a los siete partidos políticos nacionales, PAN, PRI, PRD, PT, PARTIDO VERDE, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA; y considerando que el número de ciudadanos empadronados en el Registro Federal Electoral, que acudieron a emitir su voto el primer domingo de julio de ese año, fueron en total cincuenta millones, trescientos veintitrés mil ciento cincuenta y tres sufragantes de boletas en las urnas; de los cuales, correspondieron a Enrique Peña Nieto, diecinueve millones doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y cuatro votos efectivos, que representaron el treinta y ocho punto veintiuno por ciento; lo que significó un triunfo indiscutible del candidato del PRI, para recuperar la silla presidencial y los Pinos, después de doce años de gobiernos panistas encabezados por Vicente Fox Quezada (2000-2006), y Felipe de Jesus Calderón Hinojosa (2006-2012). Si aplicamos una operación para dividir el monto total del financiamiento público de 2012 y el número total de votos emitidos por quienes acudieron a las urnas, sumando los votos de todos los candidatos, se puede decir, que cada voto costó cien pesos, aunque habría que cuantificar el costo de los abstencionistas, para quienes también trabajan los organismos electorales, aunque no hagan uso de su derecho constitucional a votar.
Todo el ejército de funcionarios de casillas que trabajó en 2012, para el proceso electoral federal, incorporó a un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes por cada casilla, habiendo instalado durante la jornada electoral ciento cuarenta y ocho mil novecientas treinta y seis casillas en los trescientos distritos electorales en que se divide el territorio nacional. Eso es lo que tiene que organizar, fundamentalmente el INE y el RFE, instituciones que se encargan de reclutar, capacitar y asignar a los integrantes de cada casilla, en el lugar que le corresponde cubrir, para facilitar a los electores, emitir su sufragio y esperar el resultado por casillas, distritos, estados, y federación.
Entre los compromisos «de campaña», del Presidente Enrique Peña Nieto, destaca uno, que a la fecha resulta incumplido, aunque su periodo constitucional no ha terminado, pero quitar del presupuesto público a cien Diputados, reduciría considerablemente el gasto por ese concepto y si además, se suprimen treinta y dos escaños en el Senado para quedar en noventa, el ahorro sería de mayor monto y compensaría, en parte, el enorme presupuesto autorizado para cada proceso electoral; además de confiar en Peña Nieto para que cumpla lo prometido, habría que insistir en la sobre representación de partidos y ciudadanos, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, cuyo trabajo según los expertos, deja mucho que desear.
El reflejo de la política federal, se nota de inmediato en la provincia; y por eso, ha empezado a sonar en el estado de Veracruz, el tema de la reducción o eliminación de los diputados plurinominales y la reducción del número de regidurias en los cabildos que gobiernan los doscientos doce ayuntamientos de la entidad. Sin duda, el pueblo aplaudiría las importantes decisiones de quienes gobiernan el país, si aunque sea por una vez, escuchan la voz del pueblo, que nunca se equivoca y que algunos la llaman vox populi, vox ley, la voz del pueblo, es la voz de Dios.
No se oculta, que los índices de corrupción y los hechos delictuosos se han disparado por todo el país, y en ciudades que en otros tiempos fueron hermosos jardines, como Xalapa de las flores y centros de cultura, con el fomento a la educación pública superior y a las artes, a través de nuestra alma mater la Universidad Veracruzana; hoy los sectores sociales demandan nuevas estrategias y mayor seguridad en la capital del estado de Veracruz, por lo que el alcalde Américo Zúñiga Martínez, acaba de anunciar que se gestiona y muy pronto se espera el arribo de la Gendarmería, para poner orden en la ciudad que es asiento de los poderes públicos estatales y en donde debe evitarse a toda costa, los asaltos al comercio establecido; los asaltos, extorsiones y secuestros en agravio de la población, sin ninguna distinción; y los robos a mano armada en hogares y establecimientos que no cuentan con cámaras de video o con algún otro sistema de defensa que pare en seco a los sanguinarios y desalmados delincuentes avecindados en Xalapa y la región. La obra pública y la ampliación de servicios de alumbrado público, agua potable, alcantarillado y recolección de basura de cumplen con un gran esfuerzo de los trabajadores municipales y bajo la atinada dirección del Presidente Municipal, que gobierna con mano firme y con honestidad y transparencia la Atenas Veracruzana, licenciado Américo Zúñiga Martinez, cuya demanda de seguridad en las colonias de Xalapa, es respaldada por todos nuestros conciudadanos. Que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, hagan lo suyo en la prevención del delito y en el combate a la delincuencia y a los narcotraficantes, como única garantía de asegurar la tranquilidad, la paz y una mejor calidad de vida para todos.
