Las condiciones políticas, económicas y sociales del país, no se prestan, como en otras ocasiones, para entusiasmar a los aspirantes a las alcaldías de Veracruz; porque la atención de los electores, está atenta a las amenazas cumplidas de Donald Trump, quien mediante órdenes ejecutivas, ha logrado la salida de miles de migrantes, que sin tener legal residencia y menos, permiso para trabajar en los Estados Unidos, han sido víctimas de la policía de Trump, cuya fuerza y predisposición en contra de los latinos, ha quedado demostrada y corroborada por los relatos de hombres, mujeres y niños maltratados física y mentalmente, humillados y amenazados, para evitar que vuelvan a intentar ingresar al territorio norteamericano, porque la reincidencia, los puede llevar hasta perder la vida. Pero no es la única razón del desencanto de los veracruzanos, para participar en el proceso electoral que ya se vive, aunque no se vea, con las precampañas de los aspirantes ciudadanos y de todos los partidos con registro, cuyos nombres y rostros en su mayoría, corresponden a desconocidos, neófitos o personas sin más antecedente político, que el de haber emitido su sufragio en anteriores elecciones.
No se ve organización en la mayoría de los candidatos; tampoco aparecen promotores del nombre e imagen de los aspirantes a integrar las plantillas de los próximos ayuntamientos del estado, y algunos piensan, que como ha ocurrido en otros casos, con tantita suerte, podrían alcanzar una regiduría, la sindicatura y hasta la alcaldía de modestos municipios, que sin embargo cuentan con presupuesto para pagar la nómina municipal, aunque nunca se construyan las obras públicas de infraestructura necesaria, y menos, se amplíen o se introduzcan, los servicios públicos de alumbrado, drenaje sanitario, pavimentos en calles, banquetas y guarniciones, o se promueva el deporte y la cultura, o se organice a la población para realizar trabajos o manufacturas que les permitan algún ingreso a quienes más lo necesitan.
La atención a la salud, es un pendiente de los gobiernos presentes y pasados, en los que por actos de corrupción, se robaron presupuestos públicos completos, que nunca llegaron a las clínicas y hospitales para la compra de medicamentos, de equipo médico, para la contratación de médicos y enfermeras, muchos de los cuales han trabajado sin que a la fecha perciban los salarios prometidos por administraciones pasadas. Lo mismo se ha denunciado ante la Fiscalía del Estado y ante la PGR, en relación a las millonarias cantidades de dinero, que del ramo educativo, se desviaron para pagar la nómina de los aviadores, o para la acumulación de plazas, donde líderes sindicales y familias completas de los líderes, aparecen en las nóminas, ocupando plazas que nunca han desempeñado y que impiden a personas preparadas y con vocación de servicio, acceder a las tareas educativas para las que se prepararon durante varios años. Ni se diga de los derechos de la población para contar con una vivienda digna o cuando menos para evitar que se construyan viviendas de lámina y de cartón, en zonas de alto riesgo, donde las tragedias han sepultado a familias enteras, por el desgajamiento de cerros o por las inundaciones y otros fenómenos naturales que han ocasionado la desaparición y muerte de muchos paisanos.
De nada sirve el mandato de la Constitución contenido en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Carta Magna, que tutelan las garantías de igualdad, el derecho a la alimentación nutritiva; el derecho a la protección de la salud; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a una vivienda digna y decorosa y el derecho al trabajo, con un salario justo y remunerador; más la declaratoria del interés superior por la niñez, garantizando la satisfacción de sus necesidades elementales de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y desarrollo integral de las niñas y los niños mexicanos; si todo esto queda en una aspiración, sin cumplimiento por parte de las autoridades competentes, constituyendo un mero adorno en la Ley Fundamental de la República.
Si cuando menos los aspirantes a alcaldes, síndicos y regidores, conocieran las obligaciones que adquieren para cumplirle a la sociedad todos esos derechos establecidos en la Constitución; y si además los aspirantes a ediles, conocieran los insuficientes presupuestos públicos municipales y el rezago financiero por la falta de entrega de las participaciones federales a los municipios; con certeza, podemos afirmar que muchos de los ilusionados aspirantes, renunciarían a su participación para ser electos servidores públicos municipales; puesto que todo trabajo político, requiere de una inversión de tiempo, preparación, dinero, mucho dinero y esfuerzo personal y familiar de los aspirantes, que terminan por echarle dinero bueno al malo y que saldrán decepcionados de sus frustradas aspiraciones para ser servidores públicos municipales. No todos los políticos tienen la suerte del doctor Javier Duarte de Ochoa, para apropiarse ilegalmente de los recursos públicos y contar con una protección que impide su localización y detención, para hacerle efectivas las sanciones correspondientes a los presuntos actos delictivos que se le imputan. La reflexión se impone, para todos los aspirantes a formar parte de los ayuntamientos veracruzanos, antes de que la suerte los lleve a ocupar puestos y cobrar salarios, que no devengan al incumplir sus responsabilidades oficiales.
