De dos a tres años es el tiempo que dura el proceso legal en Tucson, Arizona, para lograr la ciudadanía norteamericana. Cumpliendo ciertos requisitos, la estancia documentada y legal puede considerarse garantizada para el mexicano trabajador avecindado en Estados Unidos desde hace tiempo, pero ahora rondan nuevos peligros, el engaño, el fraude y las noticias falsas que trabajan en su contra, incluso para que no recurran a un abogado de verdad cuando es eso lo primero que necesitan.
Los costos de un abogado van de los 4 mil hasta los 20 mil dólares, todo depende del abogado y de las posibles complicaciones.
Recurrir al abogado correcto y no dejarse engañar por rumores permite al migrante llegar ante la corte con buenas perspectivas de lograr un estatus migratorio: de la residencia, en el mejor de los casos, o al menos el “cierre administrativo” que es un permiso de trabajo. La ciudadanía, en general, sólo se obtiene si hay cinco años de residencia previa.
Sin embargo, la posibilidad de perderlo todo está latente si se cometen delitos o actos criminales graves. Asaltos con agravantes, un homicidio, un robo en tiendas, o bien un delito relacionado con drogas, dejan en muy mala situación al migrante. Quienes venden que los pueden sacar adelante en estas circunstancias son estafadores en muchos casos.
Crónica entra en contacto con el despacho de Doralina Luna, abogada especialista en el tema migrante en Arizona. Con un español que le permite comunicarse con sus clientes objetivo, pide que se le nombre por su apellido.
Luna asegura que la situación más común desde hace unos tres meses es el engaño y el fraude, pues los llamados notarios hacen del miedo y la falta de recursos económicos su mejor aliado.
Por la mitad de la tarifa promedio, hay quienes le prometen de todo al migrante, regularizar la situación migratoria, o bien obtener la ciudadanía, y el costo por este engaño es el más alto, pues al final de un proceso inexistente no hay ningún resultado positivo, sólo el timo. En algunos casos se trata de personajes que realizan labores más propias de notarios y no representan ningún avance en la representación legal del migrante (éste tendrá que empezar de cero cuando se dé cuenta del timo al llegar a la corte).
Otro riesgo latente es el representado por los rumores. Lo que más circula, en español, son cadenas de mensajes en redes sociales en lo que se sugiere al migrante no pedir abogado, o no firmar nada en caso de ser retenido en algún punto de acceso a Estados Unidos. En un país donde las leyes sí se cumplen, esto puede ser fatal. Los rumores alegan que es una estratagema de las autoridades para que en un formato se decline a la estancia legal o a la ciudadanía ya ganada. La sugerencia de no recurrir a asesoría legal estaría dejando a todos los migrantes que la siguen en completa indefensión ante acciones de autoridades migratorias que pueden estar actuando indebidamente al no permitir el acceso a un mexicano que ya goza de estancia reglamentada en Estados Unidos.
Crónica tuvo ocasión de ver estos mensajes circulando en Tucson, en español, alegando que los formatos migratorios son una forma en la que el gobierno estadunidense estaría tratando de engañar al migrante.
Por eso dice Doralina Luna a Crónica que lo más importante es acercarse a la autoridad y no hacer caso de rumores, mucho menos a la información que se maneja en las redes sociales.
En su despacho, ubicado en una casa que data desde los años 20 en la zona del downtown de Tucson, la abogada, madre de dos hijos de 12 y 9 años, atiende a todos los que tocan a su puerta.
Sus clientes acuden a ella con todo tipo de dudas, el teléfono de Karen, su secretaria, recibe al menos en una semana más de 100 llamadas.
