Aunque lo más seguro es que no los ven ni los oyen, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez coincidieron con organizaciones civiles y activistas en rechazar las pretensiones de legisladores y del gobierno de Enrique Peña Nieto de perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, a través de iniciativas como la Ley de Seguridad Interior.
Durante el foro “Seguridad y derechos humanos”, los participantes reconocieron la labor que soldados y marinos han desempeñado en los últimos diez años de “guerra contra el crimen organizado” y aclararon que no piden el retorno inmediato a los cuarteles, pero resaltaron que la naturaleza de su preparación no corresponde a las labores de seguridad pública.
En concordancia con la CNDH y las organizaciones civiles, Jan Jarab consideró que “se necesita una discusión mucho más amplia, profunda e inclusiva sobre el modelo de la seguridad que México necesita”, así como analizar las experiencias propias durante los últimos diez años y lo que ha ocurrido en otros países.
También advirtió que tratar de “fortalecer el paradigma militar y el uso de la fuerza”, a través de la ley de seguridad interior, “va a contribuir a petrificar este paradigma, va a ser un retroceso”.
