En una decisión que no sabemos si nos alegra realmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los delitos cometidos en contra de periodistas deben ser tratados por jueces del ámbito federal y no del local.
Esto luego de discutir un amparo interpuesto por un periodista de Yucatán, que solicitó que la agresión de la que fue objeto por parte de autoridades municipales de aquella entidad fuera investigada por autoridades federales, lo cual fue rechazado porque el reportero no acreditó trabajar en medio alguno.
En el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que fue aprobado por los demás togados, se señala que los mecanismos de protección para los periodistas deben incorporar a todos aquellos que, de alguna manera, cumplan con la función de informar a la sociedad y determinó que no es necesario que una persona acredite trabajar para algún medio de comunicación, o que presente un título profesional, para justificar su carácter de periodista.
Todo eso suena muy bien, salvo que está probado que los mecanismos federales de protección a periodistas tampoco sirven para maldita la cosa, pues del total de casos de agresiones que atienden, el 99.99 por ciento queda en la impunidad. Y no es exageración.
Además, para las fiscalías estatales esto representa un alivio, pues fácilmente podrán lavarse las manos cuando se ataque a un periodista, aduciendo que es bronca federal.
Y al final, nos quedamos en las mismas.
