La Diputación Permanente del Congreso del Estado negó partidas extraordinarias o el uso de recursos federales para el pago de laudos a los que fueron condenadas las administraciones municipales de Carlos A. Carrillo, José Azueta y Naolinco.
Durante la continuación de la sesión ordinaria, en receso desde el pasado martes, se dio cuenta que las autoridades de Carlos A. Carrillo solicitaron a la Legislatura autorización para disponer de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para dar cumplimiento a un sentencia laboral por la cantidad de 444 mil 855.29 pesos, en favor de Héctor Miguel García Cobos.
Al respecto, el pleno negó su petición alegando que de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, el destino de los recursos del FISM, no pueden utilizarse para el pago de convenios, laudos u obligaciones financieras contingentes que tuviesen una semejanza, como el municipio desea aplicar y en cambio, el uso de estos recursos está etiquetado para los rubros establecidos en la ley y darle otro destino significa un desvío de recursos.
Adicionalmente, los integrantes de su cabildo pidieron al Congreso que se les autorizaran los recursos necesarios para el pago de la obligación laboral requerida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en favor de Yvan Gerardo García Rodríguez, a quien le adeuda la cantidad de 911 mil 237.80 pesos, por concepto de indemnización constitucional y salarios caídos.
Pero los diputados de la Permanente resolvieron que el Poder Legislativo no tiene facultades para autorizar la asignación de una partida presupuestal al Honorable Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, para el cumplimiento de dicho fallo jurisdiccional.
Por cuanto hace a José Azueta, sus gobernantes solicitaron al parlamento local que se le autorizara una partida extraordinaria para el pago de las prestaciones a que fue condenado el Ayuntamiento por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, a favor de Víctor Manuel Hernández Acevedo, por la cantidad de 2 millones 164 mil 973.29 pesos.
Mientras que el alcalde, síndico y regidor primero de Naolinco le pidieron que en el ámbito de sus facultades presupuestales les otorgara el apoyo financiero por la cantidad de 189 mil 567.60 pesos, para cumplir con el pago a Heriberto Yañez Reyes respecto al laudo en contra del Ayuntamiento dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado.
En estos dos casos, la respuesta fue la misma que con el primero, es decir, que el Congreso local no tiene facultades para autorizar la asignación de una partida extraordinaria o el apoyo financiero para que paguen las condenas jurisdiccionales recibidas.