Notifica CEAPP al Fiscal inconformidad de periodistas por cerco informativo

El secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Jorge Morales, indicó que ya notificaron al fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, de la inconformidad de los comunicadores por el cerco informativo implementado por la instancia a su cargo.

Y es que afirmó que esta negativa a ofrecer información afecta tanto a los profesionales de los medios de comunicación, como a la sociedad que desconoce sobre los hechos que ocurren en nuestro estado. 

Morales dijo que los reporteros inconformes expusieron que en 41 casos de violencia de alto impacto ocurridos en el territorio veracruzano, la FGE no entregó información al respecto a través de comunicados oficiales. 

Incluso dijo que cuando la CEAPP pidió los argumentos por los cuales se reservó información, la Fiscalía no ofreció razones sólidas de su decisión.

“Cuando una autoridad no te responde lo que se le plantea, se da por cierta lo señalado por los peticionarios, en este caso periodistas”, mencionó al decir que se requiere que el personal de la dependencia ministerial, incluyendo a su titular, se capaciten en temas de libertad de expresión y derecho a la información. 

“Vamos a hablar con el fiscal para que ellos tomen la capacitación. Así como los periodistas estamos capacitándonos en temas del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ahora ellos se tienen que capacitar en libertad de expresión”, precisó el secretario Ejecutivo de la CEAPP.

Adicionó que se exhortó a Winckler Ortiz  a ofrecer información de temas de interés público, sin escudarse en el nuevo Sistema Penal Acusatorio. 

“Lo que nosotros iniciamos fue un procedimiento de atención, se enfoca en llevar a cabo acciones a atender o garantizar el respeto a la labor periodística, en este caso el derecho a la libre expresión y derecho a la información”, explicó.

Jorge Morales expresó que los comunicadores no está solicitando información reservada, sino datos sobre los hechos sin que se otorguen los nombres de las víctimas o los posibles responsables de los delitos, esto para evitar violentar los derechos humanos.