Sólo en el caso de que haya remanentes ante la posible liberación de recursos como parte de la reestructuración de la deuda pública por hasta 42 mil millones de pesos, es que el gobierno estatal pudiera destinarlos para el pago de las participaciones federales que quedaron con los 212 municipios del Ejercicio Fiscal 2016, aunque sus administraciones deberán usarlos preferentemente para la terminación de obras que quedaron inconclusas.
El dictamen con proyecto de decreto que emitió la Comisión de Hacienda del Estado y que este martes se someterá a discusión y votación del pleno, señala en su artículo décimo segundo que el recurso que se obtenga del refinanciamiento de las obligaciones financieras contraídas por nuestra entidad, deberá aplicarse en la consecución del balance presupuestal sostenible de las finanzas públicas de Veracruz.
“De existir remanentes, éstos se aplicarán preferentemente para la terminación de las obras pública que se encuentre que se encuentren inconclusas o devengadas en el Ejercicio Fiscal del Año 2016 respecto del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de los 212 municipios, y estatales”, se lee en el referido apartado del documento.
De esta manera se descarta la intención de la bancada del Partido Revolucionario Institucional que pedía que se recociera el adeudo de recursos federales por parte del Ejecutivo con los ayuntamientos del estado y se contratara un crédito por 5 mil millones de pesos para tal fin y sólo se condiciona el pago a si existieran excedentes de la renegociación de los pasivos.
Pero eso no implica que no se vaya a contratar deuda, pues en el artículo quinto se le autoriza a que contrate con una o más instituciones financieras mexicanas, uno o más instrumentos de garantía de pago oportuno, respecto de las reestructuras o los refinanciamientos o la colocación de instrumentos de deuda en el mercado de valores, que se celebren por el Gobierno del Estado en favor de los acreedores respectivos hasta por el 50 por ciento del importe de las obligaciones.
Dichas garantías de pago oportuno, se añade, serán constitutivas de deuda pública y deberán estar denominadas en pesos y tener un plazo de disposición de hasta 30 años, más el plazo adicional de hasta 7.5 años necesarios para su liquidación.
El gobierno del estado o a través de la Sefiplan en su carácter de fidecomitante, deberá constituir uno o más fideicomisos irrevocables o modificar los previamente constituidos, para que de manera conjunta o separada administren los recursos destinados al pago de las operaciones de financiamientos o emisiones o garantías de pago oportuno o instrumentos financieros derivados de cobertura de tasas de interés.
En el noveno de los artículos del proyecto de decreto se autoriza al Ejecutivo para que afecte, ceda o destine irrevocablemente, como fuente de pago y/o como garantía, o ambas, un porcentaje suficiente y necesarios de los derechos al cobro y los ingresos que le correspondan provenientes de las Participaciones y/o Aportaciones Federales susceptibles de afectar, como son las del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, o de los Fondos, Impuestos, participaciones, aportaciones, o derechos que llegaran a sustituirlas.
En el subsecuente se estipula que los importes que resulten del refinanciamiento se considerarán en todos los efectos como ingresos adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal en que se contraten y en los Decretos de Presupuestos de Egresos correspondiente, por lo que mientras existan obligaciones por cubrir, se deberán contemplar las partidas necesarias para su liquidación.
Finalmente destaca en el artículo segundo transitorio que si las operaciones de contratación, restructura o refinanciamiento no se concretan durante el 2017, se podrán contratar en el ejercicio fiscal 2018.
