A diferencia de la propuesta inicial enviada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en la que pedía el aval para refinanciar la deuda pública con los bancos por hasta 42 mil millones de pesos, en el dictamen con proyecto de decreto que emitió la Comisión de Hacienda del Estado y que este martes se someterá a discusión y votación del pleno, se precisa que el Ejecutivo podrá renegociar hasta 46 mil millones pesos.
“Se autoriza al Gobierno del Estado, para que por conducto del titular del Poder Ejecutivo o del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), celebre uno o varios refinanciamientos, por la cantidad de 46 mil millones de pesos o por el monto total de los saldos pendientes de cubrir al momento de suscribir los contratos respectivos”, se lee en el artículo tercero del documento.
En este mismo apartado se especifica que los créditos a renegociar corresponden a los inscritos en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que tienen como deudor obligado al Gobierno del Estado.
“Exceptuando las operaciones a corto plazo que expresamente excluye el artículo 32 de la Leu de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para la restructuración o refinanciamiento de la deuda pública, a través de la emisión de valores u obligaciones en el mercado bursátil o de la suscripción de contratos de empréstitos con instituciones financieras mexicanas, más los costos a la restructura o refinanciamiento”, se agrega.
Ese artículo del dictamen también especifica que las operaciones de endeudamiento que se lleven a cabo también serán pagaderas en un plazo máximo de 30 años, contados a partir de la fecha en que se suscriban los contratos, se dispongan de los mismos o se emitan los contratos respectivos, incluyendo los años de gracia para el pago de capital que en cada caso convengan.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez Cortés, confirmó en entrevista que ya no se avalará refinanciar la deuda pública con los bancos por hasta 42 mil millones, sino que este martes se someterá a discusión y votación del pleno, para que el Ejecutivo renegocie hasta 46 mil millones pesos, pues el dictamen viene a 30 años.
Agregó que al aprobarse este martes la reestructuración, los diputados locales habrán de avalar que se pague a los alcaldes sólo lo correspondiente a la obra pública del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
Refirió que no se conocen las tasas de interés, pero con la autorización del Congreso local se tendrá que licitar, es decir hacer un concurso de las empresas interesadas en liquidar a los bancos esos 46 mil millones y generar mejores condiciones, pudieran presentar sus propuestas.
“Nosotros solicitamos al gobernador, que antes de que el contrato quede definitivo con sus términos específicos, nos haga llegar la propuesta definitiva al Congreso por lo menos cinco días después de haber decidido la opción, así conoceremos el porcentaje y cuánto va disminuir”.
Dejó en claro el diputado del PRD que la deuda es la misma, y “no se va solicitar un crédito más. Javier Duarte con los 21 créditos que solicitó con tasas altas de interés de hasta el 7.2 por ciento, pagamos el doble en cuanto a las tasas, pero lo que se pretende es reducirlos, porque al Estado le cuesta cerca de 6 mil 800 millones de pesos anuales el pago de esta deuda”.
Finalmente, aseguró que este martes aprobarán la restructuración de la deuda del Estado, y se tendrán los votos necesarios para la misma porque se adecuó a lo que pidió el PRI que se considerara a los alcaldes.
Encargados de reestructurar, los más beneficiados con ampliación
La ampliación del techo máximo de refinanciamiento de la deuda supondrían una mayor ganancia para quienes se encarguen de renegociar con los bancos, pues tal como se lee en el arábigo segundo del apartado en mención, “el importe máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos asociados a la contratación de créditos celebrados con sustento en el presente decreto, no podrá exceder del 2.5 % del monto contratado de cada financiamiento u obligación, fondo de reserva y las garantías de pago”.
Se apunta que si estos gastos y costos no se incluyen, los mismos no deberán rebasar el 1.5% del monto contratado del financiamiento u obligación.
En el dictamen se le permite al Ejecutivo estatal a celebrar las operaciones mediante la emisión de bonos, valores, certificados u otros títulos de deuda pública en los mercados financieros mexicanos, mismas que deberán estar denominadas en moneda nacional y pagaderas en la República Mexicana, cuyas tasas de interés serán las que mejor convengan a la hacienda pública estatal.
Preferentemente, las operaciones de financiamiento deberán considerar la posibilidad de prepago, se puntualiza al tiempo que se señalan los créditos por 41 mil 501 millones 725 mil 2 pesos que el Gobierno Estatal ha suscrito con instituciones bancarias como Ban Bajío, Banobras, Banorte, Banamex, Multiva, Santander, Inbursa, entre otras.
Adicionalmente se especifican cuatro empréstitos con Banobras por 4 mil 52 millones 321 mil 182 pesos que si bien no implican el pago de capital, dado que están garantizadas por bonos, sí implican obligaciones contractuales para el Ejecutivo.
En el artículo cuarto se le posibilita a que contrate con las instituciones financieras instrumentos derivados o de coberturas que tiendan a evitar o reducir el riesgo económico- financiero derivado de los financiamientos que se contraten.
