Por mayoría de votos, los diputados locales aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permite la adopción de un modelo de Parlamento Abierto (PA) en el Congreso del Estado, que honre el derecho de todo ciudadano a acceder a la información pública generada en el proceso legislativo.
En el documento elaborado por la Comisión Permanente de Transparencia y Acceso a la Información, a partir de la iniciativa de la diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Daniela Griego Ceballos, se define al Parlamento Abierto como la acción de someter a constante vigilancia democrática la actividad legislativa por parte de la ciudadanía.
Es, pues, un proceso de fiscalización y monitorización del trabajo y la práctica representativa de los diputados, exigiendo en todo momento el mayor apego a la transparencia y la máxima publicidad, se destaca.
Griego Ceballos precisó en la exposición de motivos que a nivel nacional se cuenta con un referente muy interesante, mismo que ha venido creando cada vez más conciencia sobre la importancia de presionar a e incidir en la institución y legislación de parlamentos Abiertos.
El camino del Parlamento Abierto, apuntó la diputada, parte del uso de los datos públicos, generados por el Estado, mismos que deben poder ser consultados, utilizados y evaluados de manera gratuita por cualquier ciudadano.
La información parlamentaria pertenece al público, al ciudadano, por lo que la información en manos de la autoridad pública debe ser facilitada por medio de acciones como la creación y mantenimiento actualizado de registros de información, la elaboración de un sistema vinculante de mantenimiento, archivo y eliminación de documentos, así como la creación, mantenimiento y publicación de un registro de solicitudes y divulgaciones de todos los documentos, expresó en ese entonces ante sus homólogos.
Lo anterior, adicionó, no radica solamente en una estricta observancia de la normatividad vigente en la materia; pasa también por el hecho de poder contar con un instrumento eficaz que de manera cabal y exhaustiva garantice el derecho del ciudadano a acceder a las diferentes etapas del proceso legislativo.
“Ante la necesidad generalizada de alcanzar mayor participación ciudadana y compromiso desde las esferas de la gestión pública, resulta imprescindible mejorar la calidad de las políticas públicas y promover la capacidad y legitimación de los parlamentos”, enfatizó.
