Con el pretexto de depurar los espacios que ocupan los migrantes de México y de perseguir a los “bad man”, el inconmovible Donald Trump, ha dado la orden ejecutiva de que todo extranjero ilegal sea deportado, aún a costa de la desintegración de familias, por la retención de los hijos de migrantes y la expulsión de quienes no cuentan con la residencia, que es la aspiración de quienes en busca del sueño americano, abandonaron su país, para trabajar en los Estados Unidos, mejorando sus condiciones económicas y poniéndose a salvo de la inseguridad que prevalece en el país; de nada valen los argumentos de quienes llevan diez, quince o veinte años, viviendo en Estados Unidos y que han conseguido un trabajo lícito, y quienes procrearon a sus hijos en los Estados Unidos, adquiriendo la nacionalidad norteamericana; sin importarle a Donald Trump las protestas por su arbitraria medida; expulsando a los padres, dejando a sus hijos solos, a merced de los delincuentes norteamericanos “que también los hay”; o a los abusos de la policía y los tratantes de blancas, que se aprovechan de la inexperiencia y la necesidad de sobrevivencia, de los jóvenes y niños que se quedaron al garete, por que sus padres fueron deportados sin consideración alguna.
La orientación que se da a los migrantes, para la defensa de sus derechos consiste en primer lugar en refugiarse en su casa y no abrir las puertas de su hogar a los policías encargados de la detención y expulsión; la segunda recomendación consiste, en responder a los agentes migratorios que le presenten una orden firmada por un juez, donde se ordene su detención; la tercera es no oponer resistencia, guardando silencio, para no dar lugar a una acusación por resistencia a la autoridad; y la última, consiste en permanecer en silencio y negarse a firmar cualquier documento, exigiendo la presencia de un abogado y la notificación al consulado, para que defienda sus derechos y evite la deportación. De nada han servido esas recomendaciones, puesto que la policía norteamericana, actúa con la prepotencia y el uso de la fuerza, tal como ha sucedido con la población afroamericana, que ha sufrido vejaciones, golpes de consecuencias graves, incluso la muerte bajo el argumento “de portación de armas” para justificar la muerte de muchas personas de color, que poseen la nacionalidad americana, que siempre ha sufrido la discriminación y el abuso autoritario de los cuerpos policiacos.
Los cincuenta Consulados de México en los Estados Unidos, no son suficientes para proteger a los migrantes, que requieren de un abogado para una defensa legal ante los tribunales competentes; los honorarios son tan caros, que ningún inmigrante podría pagar los cinco mil dólares que piden los abogados para iniciar la defensa de su caso. En los consulados no cuentan con una defensoría de oficio, debido a la falta de recursos para contratar a los profesionales del derecho, para asistir a los mexicanos en la defensa de sus derechos y evitar la deportación automática, que ya se ha dado en muchos casos sin oír al deportado para justificar su estancia y sus derechos adquiridos en el transcurso de los años que han permanecido trabajando, en cualquier lugar de los Estados Unidos. Con fecha tres de marzo en curso, la cancillería y el vocero del presidente Enrique Peña Nieto, anunciaron la decisión de enviar a los consulados cincuenta millones de dólares equivalente a mil millones de pesos, que al igual que la partida entregada a Josefina Vázquez Mota, argumentando que su fundación “Juntos Podemos”, se dedicaba a la defensa de los migrantes mexicanos, sin el respaldo del gobierno mexicano, por lo que en respuesta se le donaron también, cincuenta millones de dólares de cuya aplicación y destino, hasta la fecha no ha sido acreditada por la fundación en mención, y Josefina Vázquez Mota regresó a nuestro país para ser candidata al gobierno del Estado de México, dejando inconclusa su misión y sin dar a conocer resultados del donativo en cuestión.
The Pew Research Center ( encuestadora norteamericana) ha difundido que de treinta y cuatro punto seis millones de mexicanos establecidos en Norteamérica, solo once punto cinco millones nacieron en México y el resto, constituye la población que por haber nacido en los
Estados Unidos, adquirieron esa nacionalidad y no tienen problema para seguir viviendo en el país del norte, a pesar de las medidas radicales ordenadas por el presidente Donald Trump. Los migrantes, dejaron parientes y amigos mexicanos, que representan un gran número de votos para la elección presidencial de 2018, y es por ello que los candidatos en campaña, han visitado a los migrantes, con la promesa de que defenderán sus derechos si el voto de los radicados en México les favorece; esta actitud de Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, presidente del PAN y Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, en vez de alentar a quienes serán deportados, los ha enardecido, al grado de recibir el rechazo a sus personas y el abucheo en las reuniones celebradas por quienes solo buscan la promoción del voto, sin aportar ninguna solución inmediata, que detenga la orden de expulsión.
La pasarela de los aspirantes presidenciables y de los dirigentes de los principales partidos mexicanos (PAN, PRI y MORENA); y la oferta del canciller Luis Videgaray Caso y del presidente Enrique Peña Nieto, de nada sirve a los migrantes, que no aspiran a otra cosa que no sea la legalización de su estancia en Estados Unidos, cualquier ayuda que se les ofrezca llegando a México resulta insuficiente, pues lo que no quieren entender las autoridades y los candidatos, es que ningún migrante quiere ser deportado o regresar voluntariamente a México, donde el nivel de vida es inferior al de Estados Unidos y las oportunidades de empleo y desarrollo personal, están cerradas para ellos, sobre todo para mantener el nivel de vida que con gran esfuerzo lograron conquistar, a pesar de su calidad migratoria. Que sirva de lección a los políticos oportunistas, para que en 2018, nadie se diga sorprendido por los votos emitidos en las próximas elecciones.
