El alcalde de Fortín, Armel Cid de León Díaz, se dijo confiado en que no procederá el juicio de desafuero en su contra solicitado por la Fiscalía por haber presuntamente golpeado a una mujer en el 2015.
“Es mi confianza de que no procederá el juicio de desafuero presentado por la Fiscalía y porque confió en el trabajo de los diputados y de la Fiscalía al ver cómo está el expediente en estos momentos.”
La mañana de este miércoles arribó al congreso local para estar presente en la comisión Instructora que preside el diputado Fernando Kuri Kuri para el desahogo de pruebas.
“Efectivamente el día de hoy estamos en el congreso local para la aportación de las pruebas, confiado en que todo en Derecho y el asunto procederá favorablemente.”
Se presentan, dijo, las pruebas con el Fiscal “y con los diputados, pruebas pertinentes y todavía estamos pendientes con la reunión. Esta denuncia fue retirada, el perdón fue retirado, independientemente existió un tema de una sentencia y es lo que estamos peleando conforme a derecho, nada fuera de la ley, al contrario, lo que pido es que todo se haga conforme a Derecho.”
En ese sentido, el alcalde de Fortín descartó que dichas acusaciones sean producto de una venganza política.
“En ningún momento considero que se trata de una venganza política, lo he declarado a otros medios, no lo entiendo, la verdad, no soy político, soy empresario y no entiendo el actuar del tema, simplemente es un trabajo del señor Fiscal.”
El edil es denunciado por el presunto delito de violencia familiar equiparable en la investigación ministerial 243/2015 en la Unidad Integral que depende de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Córdoba. En dicha investigación, la víctima menciona que Armel Cid la golpeó en el interior de un vehículo y que posteriormente la arrojó a un acotamiento en la carretera Huatusco-Fortín para después regresar por ella sólo para volver a golpearla.
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz, recibida la denuncia, las mencionadas comisiones determinarán en el plazo de tres días siguientes si el denunciado es servidor público conforme al artículo 77 de la Constitución Política del Estado, si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, y por lo tanto amerita incoar el procedimiento.
Si la denuncia no satisface los requisitos precisados en las fracciones anteriores, se determinará el sobreseimiento y se notificará personalmente al denunciante, a través de la Secretaría General.
Si la denuncia satisface los requisitos del párrafo 1, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales formularán el dictamen previo y lo depositarán, junto con el expediente, en la Secretaría General del Congreso del Estado.
