Aunque resulte difícil de creer, resulta que antes de la andanada de descalificaciones que llevó a la salida de Mireya Toto de la presidencia de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito, los nuevos inquilinos de los palacios de gobierno y legislativo ni siquiera se habían ocupado de la existencia de esa oficina.
En su carta de renuncia, dirigida a la Presidencia de la LXIV Legislatura del Estado, Mireya Toto narró que desde noviembre de 2016 tenía preparada la documentación respectiva para el proceso de entrega-recepción, y que en ese mismo mes, Rogelio Franco, a la postre secretario de Gobierno, le solicitó una síntesis ejecutiva de las funciones del organismo.
Sin embargo, continuó, “durante el periodo de entrega-recepción no se presentó ningún integrante de atender el Proceso de Transición del Gobierno del Estado para recibir la documentación respectiva de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito”.
“Ante la indefinición administrativa, el 10 de enero de 2017 la suscrita envió un correo electrónico siguiendo el protocolo para solicitud de audiencia con el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Constitucional del Estado, con el propósito de someter a su consideración temas relevantes, como el de poner a su disposición el puesto que en ese momento desempeñaba. Solicitud de la que no obtuve respuesta alguna”, prosiguió en su escrito Mireya Toto.
La hoy ex funcionaria expuso que al no recibir respuesta alguna ni del Ejecutivo ni del Legislativo, se vio obligada a continuar en su cargo por las responsabilidades legales y administrativas que conlleva esa función. Pero que en virtud de las descalificaciones a su trabajo y al de su equipo de 16 personas por parte del titular del Ejecutivo vertidas el pasado 22 de marzo, tomó la decisión de presentar su renuncia con carácter de irrevocable.
Interesante y revelador lo que planteó en su renuncia Mireya Toto, pues durante cuatro meses la ignoraron. Pero cuando les reventó en las manos el problema de la inseguridad y de las fosas clandestinas, entonces sí se acordaron que existía una Comisión de Atención a Víctimas.
Y ni modo que corrieran al Fiscal, si es el “consen” del “gober”.
