El contenido del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data del año 1948, en cuya redacción se garantiza la libertad de expresión, es coincidente con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política Mexicana, cuya promulgación se remonta al año 1917; en que se aprobó el texto constitucional cuyo centenario se está cumpliendo en el presente año. Tales normas constituyen el fundamento de la libre expresión de las ideas, que no pueden ser objeto de «inquisición» judicial o administrativa, limitada hace algún tiempo cuando se llegó a considerar que atacara la moral o la vida privada de las personas; o conculcara los derechos de terceros; provocando algún delito, o perturbando el orden público; y a su vez se consideraba en el texto del artículo 6 Constitucional, el derecho de «replica», para ejercerlo en los términos de la ley, habiendo sido adicionado el precepto que se comenta, durante el gobierno del licenciado José López Portillo, para incorporar la garantía del derecho a la información a cargo del Estado. Como complemento de lo anterior, a mediados del año 2010, se derogaron los artículos de la legislación penal veracruzana, que definían y sancionaban los delitos de difamación, calumnias e injurias. Además de que se dejó a la ley civil, cualquier reclamación que se considerara un «daño moral» por afectarse los sentimientos de una persona, el decoro, el honor, la reputación o la vida privada, quedando expedito el derecho de la parte agraviada para acudir ante la justicia civil.
Del artículo sexto constitucional , se derivaron leyes secundarias y reglamentarias, que no han servido más que de instrumento de represión, para coartar la libre manifestación de las ideas; y controlar la libertad de los comunicadores en todas las modalidades que la tecnología ha descubierto y puesto al servicio de la población en general. Por lo que hace al artículo séptimo de la misma Constitución del diecisiete, su redacción es clara, al consignar la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; se refiere concretamente este precepto constitucional, al uso, elaboración y circulación de medios impresos, periódicos, de frecuencias radio eléctricas o cualquier tipo de aparato utilizado para la información y comunicación; siempre que se usen para difundir opiniones e ideas, información o comentarios, cuyos límites, como ya se dijo antes, los establece el artículo sexto de la ley de leyes. La Ley de Imprenta, reglamentaria del artículo séptimo de la Carta Magna, desde su nacimiento, se le consideró de dudosa vigencia, porque se emitió en el año de 1917, pero antes de que entrara en vigor la Constitución Política de la República; y por ser una ley calificada como «preconstitucional», desde el momento de su invocación o aplicación, se prestaba al debate y a la impugnación de su vigencia efectiva.
La Organización Artículo 19, considerada independiente y prestigiada, defensora de los derechos humanos, con ética y profesionalismo, tiene un radio de acción en la mayor parte de los países del mundo; se instituyó para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, y se ha constituido en un organismo de defensa de quienes ejercen el periodismo y de lucha contra la represión oficial y de grupos caciquiles o delincuencia organizada, dedicados a «callar voces de periodistas» que afectan el cúmulo de «intereses creados» o cotos de poder, que al ser denunciados, hacen inevitable la intervención de los cuerpos de seguridad pública y de las fiscalías, encargadas de la investigación y persecución de los delitos. Silenciar las voces de periodistas en México, se ha vuelto para los sicarios y para quienes los contratan, la forma aparentemente sencilla de callar las verdades que a los delincuentes de cuello blanco y de cuello sucio, les afecta en sus intereses y no les conviene que se conozcan por la opinión pública y las autoridades.
En los estados de la república, los colegios de periodistas han reclamado la «protección oficial» de los tres ordenes de gobierno; y como respuesta, se han creado «Comisiones para la Defensa y Atención a Periodistas», cuya eficacia se ha puesto en duda ante el incremento de amenazas, levantones y ultrajes, en algunos casos asesinatos, en agravio de quienes ejercen un periodismo crítico. Las campañas políticas que se encuentran en pleno apogeo por la proximidad de las elecciones del primer domingo de junio; y la fiebre que envuelve a los aspirantes presidenciales, que en dos mil dieciocho, habrán de conocer la identidad del relevo del presidente de la república Enrique Peña Nieto, mantiene despiertas desde ahora, las pasiones encendidas de la «lucha por el poder», y no sería rara la situación de que los ajustes de cuentas por las descalificaciones, calumnias y difamaciones, desembocaran en agresiones físicas en contra de comunicadores, periodistas y fotoperiodistas, de los equipos de los candidatos; lo que obliga a las autoridades en funciones, a garantizar de la forma más segura, la integridad física y moral de los periodistas que cubrirán los procesos electorales correspondientes.
El ejercicio democrático que envuelve a los actores políticos que contienden por los cargos de elección popular; a los partidos políticos; a los organismos e institutos electorales; al ejército de funcionarios de casillas y a todo el electorado que habrá de emitir su sufragio; en forma directa, libre y secreta (sin coacción o violencia), a toda la sociedad en su conjunto, le interesa que las elecciones se desarrollen en un clima de tranquilidad y paz. Y a las autoridades les compete garantizar que no habrá derramamientos de sangre, ni hechos violentos, que lastimen o atenten contra la integridad de las personas y particularmente de los periodistas que cubrirán la información de la jornada electoral. Los jóvenes políticos tendrán que aprender, lo que los viejos políticos aconsejan: «mantener la mente fría y el corazón ardiente, para luchar por causas justas» y no caer en las provocaciones de las lenguas viperinas, calumniosas, difamatorias e injuriosas, que a través de la descalificación pretenden acabar con los adversarios, a falta de proyectos, propuestas e ideas para convencer a los electores. Y respecto a la obligación de garantizar que el proceso electoral transcurra sin incidentes, hay que estar conscientes de que el ambiente social y político que prevalece en el país, no está en su mejor momento y cualquier incidente, podría «Despertar al México Bronco», al que se refirió el ideólogo político veracruzano don Jesus Reyes Heroles.
