La creciente desconfianza del pueblo mexicano en las instituciones del gobierno, obliga a organizar la participación ciudadana, para combatir de manera efectiva la corrupción. Los poderes del estado, han dado muestra de la contaminación que los invade por la incorporación de hombres y mujeres en las Cámaras del Poder Legislativo; en los Tribunales y Juzgados de la Federación; y en todas las dependencias que conforman el gabinete del Poder Ejecutivo Federal; puesto que día con día, se difunden actos de corrupción de servidores públicos que incumpliendo con la actuación ética y moral que les impone su cargo, a cambio de la dádiva económica, tuercen la aplicación de las leyes que rigen en cada caso, la función pública que les ha sido encomendada.
Hay un descontento generalizado en la población, por el otro mal de los tiempos modernos, generado por el dominio de los partidos políticos en los procesos electorales, porque ya se ha visto (y se acaba de confirmar) que los Magistrados Electorales, responden a los intereses de quien los impulsa para la obtención de sus nombramientos; en lugar de responder al compromiso con los ciudadanos en general, para garantizar procesos electorales democráticos, donde se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas. No puede ni debe aceptarse las negociaciones entre los partidos y los tribunales electorales que se realizan en “lo oscurito”, para pisotear el ejercicio democrático de una elección. Por eso nadie cree en los procesos electorales federales, ni locales.
Se impone pues, la creaciones de organismos o asociaciones en los que ciudadanos comprometidos con el rescate de las instituciones públicas, se conviertan en vigilantes y combatientes de la corrupción que invade a todos los espacios burocráticos, como único camino para rescatar la confianza ciudadana en el estado mexicano. El descaro más grande, que jamás se había visto en la vida política nacional, es la desfachatez con que los funcionarios públicos de primer nivel, se burlan de la denuncia ciudadana, que da cuenta del alto grado de corrupción que acompaña a la mayoría de los funcionarios de la federación, los estados y municipios; y ni se diga de las empresas paraestatales y organismos descentralizados, muchos de los cuales están exentos de una rendición de cuentas del manejo presupuestal asignado a su dependencia.
No han funcionado para detener y acabar con la corrupción oficial, las contralorías internas y externas que revisan a casi todas las dependencias de los tres ordenes de gobierno; tampoco han servido para el combate a la corrupción, las Comisiones Legislativas de fiscalización; ni la Auditoría Superior de la Federación, mucho menos los organismos locales de fiscalización de los estados, donde se exige siempre una dádiva para corregir las observaciones no satisfechas por las dependencias fiscalizadas. Las cuentas públicas sometidas a la revisión, discusión y aprobación o desechamiento, que se turnan a las comisiones legislativas respectivas, se prestan, igualmente que las otras, a la negociación de los embutes que sirven para borrar cualquier observación de fiscalización. A lo mejor si se procediera de una manera tan estricta en el combate a la corrupción, no alcanzarían las cárceles para compurgar la “prisión preventiva” que con el moderno sistema penal, se arraiga a los servidores públicos corruptos.
La reciente designación de los nuevos Consejeros Electorales Nacionales del INE, ha resultado una burla más para los demócratas mexicanos, puesto que nuevamente se confirma que cada consejero fue propuesto por cada uno de los tres partidos políticos nacionales, PRI, PAN y PRD, que son los que tienen el control de las cámaras legislativas y hasta la decisión centralizada en cada partido, para la designación de candidatos a puestos de elección popular, siendo el colmo el requisito hasta en elecciones municipales, de que cada planilla debe contener el visto bueno de los dirigentes nacionales de cada partido. Por eso las voces inconformes con el estado de cosas que prevalece en el país, donde impera la corrupción que destruye a las instituciones públicas, plantean la formación de un gran frente democrático, de lucha contra la corrupción en México.
Todo esfuerzo resulta loable, si lo que se persigue es rescatar la credibilidad en las instituciones públicas y garantizar la vida democrática de México, puesto que será mejor que a través del debate, de la construcción de consensos ciudadanos, en vez de componendas partidarias, se reconstruya el tejido social destruido por el abuso autoritario del país, y presa fácil, en estos tiempos, para subvertir el orden público y emplear la fuerza para el logro de sus propósitos.
